La plantilla, cansada del deterioro del servicio y de sus condiciones laborales, anuncia movilizaciones
Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía desde su privatización en octubre del año 2022 se enfrentan a una situación crítica. Un año después es incomprensible la decisión del Gobierno municipal del PP de dejar en manos de la empresa privada un gran número de las gestiones que se realizan, salvo la gestión del padrón, registro e identificación electrónica, que continúan siendo prestadas por personal funcionario por imperativo legal.
El servicio ha llegado a unos niveles de deterioro nunca vistos hasta ahora, si bien este no obedece a un único factor. A la privatización de una parte del servicio se une el constante deterioro de las condiciones de trabajo de la plantilla municipal, lo que ha provocado una situación insostenible que ha terminado con la paciencia de la plantilla, que ha optado por abandonar un servicio en el que no se les valora, se les maltrata y en el que se pisotea diariamente sus derechos laborales.
El número de vacantes desde la privatización bate récords semana tras semana. La marcha de funcionarios y funcionarias hacia otros destinos, que en un principio se suplía con nuevo personal que accedía mediante concursos, ahora no se produce y lo que comenzó de manera esporádica y puntual se ha convertido en una auténtica diáspora que no deja de crecer. Nadie quiere trabajar en estas circunstancias, la mala fama del servicio en cuanto a condiciones laborales ha corrido como la pólvora.
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