El acuerdo formalizado hoy por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Seguridad Social culmina la reforma de pensiones iniciada en 2021 con una legislación mejorada del modelo de jubilación gradual y flexible, reconociendo más derechos de jubilación parcial, un nuevo reglamento para la jubilación anticipada por trabajos penosos y nuevos incentivos para la compatibilidad de trabajo y pensión. Además de las relativas a pensiones, el acuerdo incorpora medidas como la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 para mejorar los periodos de cotización de las personas con contrato fijo-discontinuo, entre otras materias.

Principales puntos del acuerdo:

Jubilación parcial general

La jubilación parcial que se reconoce con carácter general a todos los sectores productivos concentra el grueso de este tipo de pensiones. Su regulación se vio gravemente afectada por la limitación en su uso a un máximo de 2 años por la reforma impuesta en su momento por el Partido Popular en 2013. Ahora se corrige este recorte y se amplía a 3 años el tiempo que puede utilizarse (a partir de los 62 años, según la carrera de cotización de cada persona), manteniéndose el resto de los requisitos (33 años cotizados, 6 años de antigüedad en la empresa…).

Ver noticia completa

La eliminación de la disposición final cuarta del proyecto de ley supone un error político que dificultará el funcionamiento de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

El texto del nuevo proyecto de ley de Función Pública aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín de las Cortes Generales el pasado 26 de julio ha eliminado respecto al anterior proyecto de ley la disposición final cuarta sobre su aplicación en la Administración Local.

El anterior proyecto de ley entró también en las Cortes, pero quedó interrumpida su tramitación tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas. El texto incluía una disposición negociada con UGT y CCOO con la finalidad de evitar el vacío legal supondría la derogación de, entre otras, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. Su eliminación deja al personal de la Administración Local en un limbo jurídico, sólo regulado por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la Ley de Bases de Régimen Local y una colección de reales decretos deslavazados, lo que dificulta el funcionamiento y la claridad en las condiciones de trabajo del personal de Ayuntamientos y Diputaciones.

El Gobierno y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública no han cumplido con la negociación colectiva, en un error político y una desconsideración que además provocan desajustes y agravios.

Ver noticia completa

Proyecto de Ley Función Pública de la AGE 2024

Nota de prensa Ley Función Pública AGE