CCOO reactiva el Grupo Confederal de Cuidados para seguir profundizando en el diagnóstico y la propuesta de medidas para la transformación del modelo de cuidados, atendiendo a la perspectiva de salud laboral, la digitalización y el desarrollo territorial.

Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo que se celebra este 29 de octubre, Comisiones Obreras reclama la transformación del modelo de cuidados, definida como uno de los ejes centrales de este 13 mandato. Esta transformación, en la que el sindicato viene trabajando de manera específica en los últimos años con sendos documentos, como la Propuesta de Pacto Estatal e Integral por los Cuidados y el documento de 100 medidas para un Pacto Estatal e Integral por los cuidados, es clave para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, para proteger los derechos humanos de quienes necesitan ser cuidados y cuidadas y para preservar nuestras democracias. Asegurar el acceso de todas las personas a los cuidados mediante unos servicios públicos de calidad basados en el trabajo decente es un deber de los Estados, tal y como venimos reclamando en España desde CCOO y de acuerdo con la Resolución de la OIT relativa al trabajo decente y la economía del cuidado aprobada en junio de 2024.

Finalmente, CCOO recuerda que el pasado mes de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la que afirma que el cuidado es un derecho humano autónomo, en línea con la postura defendida por el movimiento sindical mundial y, en particular con la Confedracón Sindical Internacional (CSI), que insta a reconocer el cuidado como un derecho humano y un bien público en todo el mundo, y a tomar medidas urgentes para garantizar el acceso universal a servicios de cuidado y apoyo de calidad.

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La privatización de los servicios sale cara a toda la sociedad, pero en especial a la clase trabajadora, porque incrementa incluso los gastos a los que se enfrentan hogares y familias. Así lo concluye un informe técnico de CCOO, centrado en las privatizaciones de bienes y servicios. La deriva privatizadora siempre conlleva un mayor coste público, deterioro en la calidad de los servicios, y aboca a la exclusión de parte de la población y un mayor coste para la ciudadanía.

Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Estudios y Discurso asegura, al respecto, que las privatizaciones “siempre salen caras, social y económicamente, como individuos y como sociedad: encarecen el servicio para las arcas públicas, porque empeoran la calidad de los servicios para los ciudadanos o porque excluyen a muchos ciudadanos de acceder a ellos”. En su opinión, “no son pocos los factores que empobrecen al común, perjudican la convivencia y empeorando la calidad de vida de todos y todas”.

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