Las trabajadoras cesadas denuncian haber sido represaliadas tras presentar una demanda de derechos laborales y acusan a la dirección de una paulatina privatización de la institución que debe velar por la igualdad de mujeres y hombres.

"Empecé a trabajar en el Instituto de la Mujer en 2005 con un contrato por obra y servicio que fui renovando y renovando hasta ahora. La ley marca que este tipo de contrato no puede superar los 3 años, y yo llevaba más de 11 en esta situación. Así que en abril de 2016 (hace ahora 1 año) yo y otras siete compañeras en situación similar decidimos demandar al Instituto de la Mujer por la ilegalidad que supone la concatenación de contratos que en teoría son para la realización de una obra o servicio puntual, pero que en la realidad vienen a suplir una necesidad estructural (que no puntual) del organismo. Y ahí empezaron las represalias".

Este es el relato de Isabel García Calvo, una de las trabajadoras despedidas por el Instituto de la Mujer el pasado 31 de marzo junto al resto de sus compañeras.
Varias de ellas llevaban más de 15 años trabajando ininterrumpidamente en este organismo, un ente autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, e Igualdad, que dirige Dolors Montserrat. La que menos tiempo llevaba, había encadenado contratos durante 6 años consecutivos.

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La sentencia del TC establece que ninguna mujer, ni embarazada ni lactante, debe sufrir menoscabo en sus retribuciones por causa de la protección de su salud, la del feto o la de la criatura lactante.

Aunque la Ley de Igualdad, 3/2007, declara que todo trato desfavorable hacia las mujeres relacionado con la maternidad constituye una discriminación directa por razón de sexo, y prevé el derecho a la indemnización por esta causa, así como la Consitución española prohíbe la discriminación por razón de sexo, vemos cómo todavía son muchas las discriminaciones y perjuicios que sufren las mujeres embarazadas y lactantes en el ámbito laboral. El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que declara la existencia de vulneración del derecho a la igualdad y sin duda va a ser una gran herramienta en nuestras manos sindicalistas para combatir este tipo de discriminación, ya que dicha sentencia declara la existencia de vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación de la trabajadora.

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