El ministro Gallardón defiende la protección a un "concebido con cualquier tipo de minusvalía o malformación", mientras niega el derecho a las personas a unas condiciones mínimas de justicia social y de justicia de género: creación de empleo, protección suficiente a las embarazadas, servicios públicos suficientes y de calidad como derecho universal, sanidad, educación, incluida la de 0 a 3 años, o con medidas que favorezcan la corresponsabilidad de los hombres en la crianza de hijas e hijos, como mediante la ampliación del permiso de paternidad.

Con la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, parecía que se acababa con la polémica sobre el aborto que tuvo lugar a finales de 2008 con la puesta en marcha de la subcomisión para realizar un estudio sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

 
Begoña Marugán Pintos.- Socióloga y adjunta a la Secretaría de la Mujer de FSC-CCOO

La subcomisión solo pretendía ser una respuesta a los cambios sociales y a la evolución de los derechos de las mujeres que se habían producido durante las dos décadas que llevaba aplicándose la Ley Orgánica 9/1985, de despenalización del aborto en determinados supuestos.