RESOLUCIÓN APROBADA POR LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

Frente al anteproyecto de Ley del aborto que promueve el Gobierno.

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras manifiesta su más contundente rechazo al
anteproyecto de Ley del aborto que el Ejecutivo del Partido Popular pretende aprobar. Una
reforma que supone un ataque frontal contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres.

La Confederación Sindical de CCOO defiende el derecho de las mujeres a decidir libre y
responsablemente sobre su maternidad, rechazando la vuelta a una situación de indefensión e
inseguridad contra las mujeres y profesionales.

Las declaraciones efectuadas por el Ministro de Justicia respecto a la reforma normativa que el
gobierno del PP pretende realizar en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, niega y
penaliza el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad.

Una nueva legislación que en palabras del propio Ruiz Gallardón, “prohibirá el aborto por
discapacidad del feto” y donde, además, “el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer
deberá acreditarse” como si no fueran fiables los informes profesionales preceptivos. Una vuelta a
la consideración del aborto como delito, que supondría un claro retroceso normativo, que
eliminaría derechos básicos de las mujeres distanciándonos de la mayoría de las legislaciones
europeas que sí reconocen la libertad y capacidad de las mujeres para decidir, y un claro retroceso
ideológico, que responde a los intereses de los sectores más reaccionarios y a las presiones
proferidas por la Conferencia Episcopal que recuerda al Ejecutivo su “lentitud a la hora de
afrontar la reforma”.

Comisiones Obreras defiende la actual Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo, porque permite la autonomía y libertad de las mujeres,
en relación a su sexualidad, a decidir sobre su maternidad y por tanto al aborto. Porque iguala la
salud sexual y reproductiva, a cualquier otra área de la salud pública, garantizando la equidad en el
acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual al conjunto de la
ciudadanía, de manera que la aplicación de esta norma ha logrado la reducción de embarazos no
deseados y la práctica eliminación de abortos clandestinos en España afectando de manera
importante a colectivos especialmente vulnerables.

Comisiones Obreras manifiesta su rechazo a lo que supondría una doble discriminación –por razón
de género y por clase social- abocando a la clandestinidad a quienes no dispongan de los medios
económicos necesarios con el consiguiente riesgo para la vida y salud de las mujeres. Asimismo
recuerda al Gobierno su responsabilidad en un estado laico y democrático de garante de los
derechos fundamentales de las mujeres.

Desde CCOO defendemos el principio ético del respeto a la autonomía y capacidad moral de las
mujeres para emitir sus propios juicios, para dilucidar sus propios dilemas y tomar sus decisiones, y
entre ellas, la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad. La vuelta a la penalización del
aborto niega el ejercicio del derecho.

 Para evitar un pleno de la Junta de Distrito de Moratalaz tan accidentado como el del pasado mes de febrero, la concejala de la demarcación madrileña, Begoña Larraínzar, ha tomado algunas medidas. Recapitulemos: el martes 19 de febrero se reúne la Junta; al hallarse la sede en estado cochambroso, los vocales de los partidos se citan en un edificio anexo; entonces, sin nadie que lo impida, irrumpen decenas de indignados para protestar contra la polémica-estrella del barrio, la designación de Ángel María Carromero como asesor de Larraínzar, a 45.000 eurillos anuales, tras serle concedido el 11 de enero el tercer grado penitenciario, todo ello después de pernoctar apenas diez días en la cárcel de Segovia por el accidente en Cuba (país en el que estuvo recluido entre julio y diciembre y desde donde fue extraditado a España) que segó la vida de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero con Carromero al volante. Desenlace: la edil del PP suspende la Junta.   Difícilmente sucederá algo igual el próximo martes, cuando tendrá lugar la próxima reunión: Larraínzar ha ordenado que se establezca un poco más de seguridad en el lugar. Seguridad que viene a traducirse en: a) control de acceso por escáner para que nadie introduzca objetos susceptibles de altercar el orden (¿pancartas, carteles?) b) cacheo individual c) todo aquel que franquee las barreras anteriores y perturbe la serenidad de la Junta mediante gritos, pitos, palmas o similares, será expulsado.