Rechazo de CCOO a la modificación de la ley sobre salud sexual y reproductiva
CCOO defiende el principio ético del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para tomar sus decisiones, entre ellas, la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad. Considera que con esta modificación de la ley, el Gobierno ataca un derecho esencial para las mujeres: el derecho a decidir sobre su salud reproductiva y sobre su maternidad.

Ha quedado al descubierto que no es por la crisis; es por ideología, una ideología rancia y retrógrada. Para contentar a la ultraderecha del PP, descontenta por otras medidas gubernamentales, el Gobierno no ha dudado en utilizar los derechos de las mujeres como moneda de cambio. Hablamos de derechos. Con la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el PP desposee a las mujeres del derecho básico a tomar sus propias decisiones. Pierden las mujeres, pierde la ciudadanía y pierde la democracia. Ha quedado claro que el PP subordina este derecho a otros intereses, buscando que el Estado afirme como delito lo que para un sector de la población es “pecado”.

Con la modificación de la ley se menosprecia el derecho y la capacidad de decidir de las mujeres sobre sus vidas y sus cuerpos, lo que es inadmisible en un Estado de Derecho. Además, supondrá poner en peligro la vida de las mujeres con más dificultades económicas y que no puedan viajar al extranjero, y condenar a la clandestinidad a las mujeres y a profesionales de la Sanidad que les atiendan en base a su compromiso deontológico.

La Ejecutiva Confederal de CCOO ya manifestó el pasado mes de abril que la reforma de la ley anunciada por Gallardón constituía un ataque frontal a la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. El sindicato defiende el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad, rechazando la vuelta a una situación de indefensión e inseguridad de las mujeres y profesionales.

CCOO defendió en su momento, aunque con algunos matices, la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque permite la autonomía y libertad de las mujeres en relación a su sexualidad y su maternidad (y por tanto, al aborto). La actual ley iguala la salud sexual y reproductiva a cualquier otra área de la salud pública, garantizando la equidad en el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual al conjunto de la ciudadanía. Ha quedado suficientemente demostrado que con la aplicación de la actual ley se ha logrado reducir el número de embarazos no deseados y la práctica eliminación de abortos clandestinos en nuestro país.