CCOO examina en política de vivienda pública a los partidos


El pasado 12 de mayo la sección sindical de CCOO de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo celebró el acto “El Futuro de la Vivienda Pública” con el objetivo de conocer, y dar a conocer, las propuestas que en materia de vivienda plantean las diferentes candidaturas que se presentan a las elecciones municipales ya que, tanto como trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento como ciudadanos de Madrid, creemos firmemente en el servicio público de la EMVS (ahora amenazada) y en la necesidad de viviendas con protección pública para abordar las necesidades de la ciudadanía en aplicación de un derecho fundamental recogido en la Constitución Española.
Para ello se invitó a los seis partidos más representativos y todos ellos, excepto el PP participaron en el encuentro. Los participantes fueron: Nacho Murgui, candidato por Ahora Madrid; Mariano Fuentes, arquitecto y responsable de vivienda de C’s; Raquel López, candidata a la Alcaldía por IU; Antonio Fernández Gordillo, diputado de la Asamblea de Madrid y responsable de vivienda del PSM-PSOE; Daniel Garrido, arquitecto, experto en vivienda y candidato por UPyD.

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Más sobre la política de vivienda municipal y los fondos buitre

La Sección Sindical de CCOO de la EMVS quiere expresar su más profundo rechazo a lo que viene sucediendo con los ciudadanos y ciudadanas que siendo adjudicatarios y adjudicatarias de una vivienda social, de repente ven como se ha mercantilizado su derecho constitucional y son despojados de su hogar.

Cuando la EMVS vende los edificios con sus inquilinos, de partida ya está facilitando que transcurrido el plazo de la calificación y los plazos de los contratos suscritos, los nuevos puedan hacer lo que quieran con esos contratos y, por tanto, con ese edificio.
La EMVS, cuando vendió los edificios, al parecer lo hizo señalando en el contrato de compraventa que los compradores tenían que respetar las condiciones contractuales de los inquilinos, pero no sabemos si lo que no estaba escrito eran las cantidades que la EMVS dejaba de cobrar a los inquilinos que gozaban de subvención al alquiler.

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La EMVS y la rehabilitación energética

El pasado 21 de noviembre de 2013, es decir, hace apenas un año, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) modifica sus estatutos y elimina de su objeto social la promoción y construcción de vivienda. A cambio, por decirlo de alguna manera, se desarrollan diferentes aspectos relacionados con la Rehabilitación de Viviendas y la prestación de servicios a terceros en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.
En este nuevo marco de objetivos, se pone en marcha el programa divulgativo denominado Servicio de Ahorro Energético y Rehabilitación (SAER), que en una primera fase consiste en informar y concienciar a la ciudadanía sobre las cuestiones de ahorro y eficiencia energética de nuestras viviendas.
Es evidente que estas consideraciones son más que esenciales en nuestro país, cuya dependencia energética es más que evidente pese a ser uno de los países europeos con mayor potencial y tecnología desarrollada en energías renovables. La deficiente construcción de las viviendas en los años del desarrollismo (entre los años 60 y 70 del siglo pasado) e incluso, en los años del desarrollo inmobiliario de las dos últimas décadas, hace precisa no solo la divulgación, sino también la actuación sobre el patrimonio residencial con el fin de reducir nuestro consumo en energía.

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¿Hacia dónde camina la EMVS?

En efecto, cabe preguntarse qué política de vivienda está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, si es que tiene alguna, y hacia dónde camina su órgano gestor, ya que, siendo éste el encargado de proteger a la ciudadano de su derecho a una vivienda digna, está ejecutando a la vez desahucios contra sus propios inquilinos, independientemente de que esté justificado o no, porque quizá habría que plantearse trabajar la política de vivienda con una política de servicios sociales real de cara a la ciudadanía y que vuelva a ser, como hace bastantes años lo era, política social de vivienda.
No en vano, el talante de “la carta” que reciben los inquilinos, en la que se les indica que próximo el vencimiento de su contrato la EMVS no tiene intención de renovarle el mismo pero que si quieren se pasen por las oficinas es ya, por sí misma, bastante amenazante.

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El Ayuntamiento vende a mitad de precio un edificio histórico de viviendas en la calle Corredera Baja de San Pablo.

Otro edificio, patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y, por tanto, patrimonio de la ciudadanía, se vende para que la EMVS pueda hacer caja. Y también de nuevo nos tememos que el comprador aproveche la bicoca conseguida para obtener posteriores pingües beneficios en tanto los madrileños y madrileñas perdemos otro inmueble del patrimonio municipal, en este caso un edificio del S.XVIII en pleno centro de Madrid.
La historia de este edificio en la EMVS data de 1992 y desde entonces se han redactado diferentes proyectos de rehabilitación y sus consiguientes licencias municipales, tanto para mantenerlo como viviendas como para convertirlo en Centro Dotacional, opción que en su momento fue rechazada por la entonces Concejala de Servicios Sociales, Ana Botella, ignorando las negociaciones llevadas a cabo con los agentes sociales del distrito y hurtando al barrio de una dotación social inexistente y necesaria.
La desidia –o en el mejor de los casos, indecisión- del Ayuntamiento para abordar la rehabilitación del edificio ha supuesto una elevadísima inversión municipal durante más de 20 años en trámites, proyectos, mantenimiento… que ahora se malgasta con la venta del edificio.

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Demandas al comité de empresa de la EMVS

El sindicato USO ha presentado dos demandas contra el Comité de EMVS, contra los sindicatos que lo conforman y contra la dirección de la empresa, aduciendo en ambas el supuesto  no reconocimiento de dos miembros de su candidatura como representantes en el Comité.

En la primera demanda, interpuesta en materia de derechos fundamentales, reclamaban el reconocimiento de los miembros nº 10 y 11 de su lista electoral meses después de la dimisión del nº 12, que fue miembro del Comité tras la anunciada dimisión  de todos los anteriores (y parece ser que no legalizada en su momento) solicitando, además, una indemnización de 50.000€. Desistida por ellos finalmente esta demanda, han presentado la segunda, ahora como conflicto colectivo, por los mismos motivos aduciendo una mala interpretación del Estatuto de los Trabajadores.

Actualizado (Martes, 23 de Diciembre de 2014 11:53)

 

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