En efecto, cabe preguntarse qué política de vivienda está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, si es que tiene alguna, y hacia dónde camina su órgano gestor, ya que, siendo éste el encargado de proteger a la ciudadano de su derecho a una vivienda digna, está ejecutando a la vez desahucios contra sus propios inquilinos, independientemente de que esté justificado o no, porque quizá habría que plantearse trabajar la política de vivienda con una política de servicios sociales real de cara a la ciudadanía y que vuelva a ser, como hace bastantes años lo era, política social de vivienda.
No en vano, el talante de “la carta” que reciben los inquilinos, en la que se les indica que próximo el vencimiento de su contrato la EMVS no tiene intención de renovarle el mismo pero que si quieren se pasen por las oficinas es ya, por sí misma, bastante amenazante.

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El inquilino medio de la EMVS que, en el caso del centro de Madrid es, en general, de edad avanzada y con escasos recursos, al recibir la misiva, de primeras desconfía de la administración municipal, porque ya le están advirtiendo que puede perder su vivienda/hogar, y corre a las oficinas de la EMVS a aclararse. Una vez allí, y aunque el personal de la EMVS se disculpa y le reinterpreta la misiva explicando que se está procediendo a una actualización del Patrimonio de Vivienda Municipal, el susto ya no se lo quita nadie. Máxime cuando le exigen sus ingresos y le actualizan las rentas con unos baremos, que aunque lógicos para un sector de la población, no es así para otros. Por ejemplo, pensionistas de 600 €, en algunos casos con cargas familiares, que no pueden ni encender la calefacción en invierno porque no tienen ingresos para pagarla, no deberían pagar el 30% de sus ingresos, hagan uds. sus cuentas y pónganse en el pellejo de este/a inquilino/a.
La dirección de la EMVS hace unos años decidió diluir la Dirección de Servicios Sociales en departamentos dentro de la Dirección de Patrimonio, suponemos que como colofón al desmantelamiento del carácter social de la política municipal de vivienda.
Lo que llama la atención de este despropósito es que es la propia administración, la propia garante del derecho constitucional a una vivienda digna, la que está asustando al ciudadano que necesita de ella.
Esperemos que un cambio en las próximas elecciones reconduzca la situación y se vuelva a hacer POLÍTICA SOCIAL DE VIVIENDA en la ciudad de Madrid.
Fdo.: Sección Sindical CCOO EMVS