Desde hace varios meses asistimos a una sucesión de noticias a cuento de la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) a fondos buitres. A lo largo de este tiempo, desde la Sección Sindical de CCOO en la EMVS hemos venido mostrando nuestro apoyo a la investigación y a la determinación de responsabilidades ante este hecho.

Poco más podemos añadir a opiniones anteriores que reflejaban nuestro firme compromiso por defender los derechos de la ciudadanía frente a los intereses del sistema financiero. Llegados a este punto, sí consideramos que es preciso apuntar hacia otras responsabilidades que subyacen a la decisión de vender el patrimonio público al sector financiero más especulativo.

Nos argumentaron que la decisión de vender el patrimonio de la EMVS era la consecuencia de la mala situación financiera de la empresa y para evitar medidas que afectaran a la plantilla, pero nada se dijo del origen de la situación y del contexto en el que se daba. Ambos argumentos son los que ahora debemos recuperar para delimitar las responsabilidades necesarias.

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La modificación del artículo 135 de la Constitución está en el punto de partida, con la sacralización de la estabilidad presupuestaria, antepuesta a partir de ese momento a los derechos de la ciudadanía. La llegada del PP y de Cristóbal Montoro al Ministerio de Hacienda agrava la situación y la exigencia de estabilidad se convierte en la excusa para el desmantelamiento del sector público. El intento de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, dejaba claro el escenario, en donde los Ayuntamientos quedaban como meros gestores de unos recursos exiguos, sin competencias y controlados por el Ministerio de Hacienda.

Desde el Área Delegada del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, fanática seguidora de estos principios neoliberales, inició un proceso de desmantelamiento del sector público y puso a la EMVS como objetivo para demostrar al maestro Montoro lo bien que hacía las tareas encomendadas. Bajo los argumentos de la situación económica y la necesidad de cumplir la ley de estabilidad se exigió la venta de patrimonio para poder hacer frente al gasto generado por la actividad de la EMVS, como primer paso del objetivo de cierre total o parcial de la empresa.

Ahora que está abierta la investigación sobre la venta de viviendas, no solo debemos exigir responsabilidades a quienes ejecutaron la decisión, sino que debemos exigir que se depuren las responsabilidades también en el origen, y al menos, se investigue la tutela que el Área de Hacienda y el Ministerio de Hacienda hicieron de la venta de viviendas, porque no solo hablamos de la merma del patrimonio público, sino que hablamos de la difícil situación a la que se ha puesto a familias madrileñas para saciar la voracidad del sistema financiero y las ansias liquidacionistas neoliberales.