En la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, como en el resto de la Administración, desde el año 2009 en el que se inicia la crisis económica, hemos venido sufriendo un ataque sin precedentes a nuestros derechos, cuyo punto álgido fue el decreto del Ministerio de Hacienda de 2012 en el que se nos castigaba a trabajar más, nos forzaba a una pérdida de poder adquisitivo y eliminaba cualquier posibilidad de mejora salarial o social. Estos recortes fueron asumidos por la EMVS donde, asfixiados por un Plan de Ajuste Municipal y un Plan de Viabilidad propio, bajo la amenaza de un cierre parcial o total de la empresa, la plantilla se vio forzada a aceptar un convenio colectivo en 2013 donde quedaban reflejados y consolidados los recortes y el retroceso en derechos.

Pasado esos tiempos, y finalizada la vigencia del “convenio de los recortes” se inicia una nueva etapa de negociación para la que el Comité de Empresa estableció como principal objetivo la recuperación de los derechos perdidos desde 2012, además de plantear la equiparación con las condiciones del Convenio del Ayuntamiento que no pudieron ser aplicadas por el Plan de Viabilidad de 2013, así como salvar las contradicciones que generaban determinados artículos del Convenio Colectivo vigente...

Aunque estamos tan agotados como satisfechas por el esfuerzo y por el resultado de la negociación, desde CCOO seguiremos manteniendo viva la reivindicación para que la recuperación del poder adquisitivo algún día sea posible en todo el espectro de la administración pública.

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La reciente aprobación del Reglamento de adjudicación de viviendas de la EMVS debemos enmarcarlo dentro del contexto más amplio del derecho a la vivienda, y la capacidad de los sectores sociales más desfavorecidos por disponer de un lugar digno donde habitar. Se le exige, y con razón, a las administraciones públicas que garanticen los derechos de la ciudadanía y que destinen sus recursos para solventar las desigualdades e injusticias de esta sociedad, por lo que este reglamento debemos de entenderlo en esta dirección. Por ello, no debemos entender que el reglamento aprobado esté destinado a regularizar situaciones concretas, sino a garantizar una forma transparente de acceso a la vivienda para el conjunto de la ciudadanía madrileña, en un objetivo que pretende solventar las situaciones de injusticia que se derivaban del anterior reglamento de acceso.

En primer lugar, debemos resaltar el hecho de que el acceso se realizará en un régimen de alquiler, lo que debería permitir cierta movilidad de la población al ver modificadas sus condiciones de acceso, pero también, la ausencia de condiciones financieras para acceder a la vivienda, no teniendo que inmovilizar la renta familiar para pagar las deudas contraídas con bancos y entidades financieras. Y es que siendo el empleo y el salario dos de los principales problemas de nuestra sociedad, el presente reglamento pretende buscar un punto de encuentro al reducir las condiciones de renta para acceder a una vivienda de titularidad pública...

Este reglamento, por tanto, pretende situarse en el contexto de crisis y atender a las cuestiones que más afectan a la población madrileña, donde el desempleo, los bajos salarios y la precariedad laboral condicionan de manera definitiva el acceso a una vivienda digna. Evitar el endeudamiento familiar, especialmente de jóvenes, supondrá destinar los recursos familiares a otras cuestiones, haciendo que con ello se reduzcan algunas desigualdades existentes en los barrios de Madrid, algo que desde la Sección Sindical de CCOO vemos como positivo en el avance hacia una sociedad donde no solo disfrutemos de derechos, sino que además, estos queden garantizados.

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