Más sobre la vivienda municipal y los fondos buitre

buitre

En CCOO hemos recibido con mucha satisfacción la noticia sobre el informe de la Cámara de Cuentas que denuncia graves irregularidades en la venta de edificios de la EMVS a fondos buitre.
La Sección Sindical de CCOO de la EMVS ya expresó en varias ocasiones a la anterior corporación su más profundo rechazo a lo que venía sucediendo con los ciudadanos y ciudadanas que teniendo la adjudicación de una vivienda social, de repente vieron cómo se mercantilizó su derecho constitucional y fueron despojados de su hogar.
Cuando la EMVS vendió aquellos 18 edificios, cuyas viviendas estaban ocupadas, no se aseguró que los derechos de las personas allí alojadas fueran garantizados. Si bien la venta contemplaba la obligación del nuevo propietario por respetar los contratos existentes, ésta era una medida insuficiente, pues una vez transcurrido el plazo de vigencia del contrato, el nuevo propietario podría forzar a la firma de uno nuevo o al desalojo de la vivienda. Hecho que, lamentablemente, se ha venido produciendo desde entonces.

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Debemos recordar que la EMVS es una empresa pública cuyo objetivo es desarrollar la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, hecho que no puede ser realizado si no tiene patrimonio, esto es, viviendas, para poder facilitar el acceso a la población más vulnerable. La venta de viviendas supone no solo un expolio al sector público, sino que además, impide que pueda garantizar el derecho a la vivienda. El mejor ejemplo es que, paradójicamente, cuando los nuevos propietarios de estos edificios han desahuciado a las personas adjudicatarias y sus familias, la EMVS ha tenido que hacerse cargo del realojo, viendo limitada su acción por la falta de vivienda existente.
En definitiva, la anterior corporación municipal vendió edificios con inquilinos para asegurar a sus compradores el negocio y además asegurarles que ésta se va a hacer cargo, en su caso, de los que no pudieran hacer frente a las cantidades que vienen reflejadas en contrato, ya que, fueron la garantía de rentabilidad para el negocio a la hora de comprar estas viviendas.
Es inmoral, que se desahucie de su vivienda a vecinos y vecinas que, en algunos casos, llevan diez años habitándolas y que la alquilaron como vivienda social, no nos olvidemos, y con un casero concreto: el Ayuntamiento, supuesto garante de una política social en materia de vivienda.
Desde CCOO entendimos en su día y entendemos que la Administración no puede ser partícipe de la desprotección a las familias y desbaratar hogares para garantizar el beneficio de unos fondos cuyo fin es la especulación pura y dura, y es deplorable que haga posible y fomente el negocio de privados con el patrimonio público.
Por ello, nos alegramos del informe del Tribunal de Cuentas por cuanto señala claramente la injusticia cometida y, de la misma manera, confiamos en que se depurarán todas las responsabilidades que se deriven de él.

 

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