El lunes 4 de marzo, fue convocada la Mesa General de Negociación de las Empleadas y Empleados Públicos del Ayuntamiento  de Madrid  y sus Organismos Autónomos. El "objeto aparente" de la misma era someter a negociación la eliminación  de 101 puestos  de trabajo  vacantes, dotados económicamente, e incluidos  en Ofertas de Empleo Público (OEP) aprobadas años atrás.

El pasado miércoles 27 de febrero, la Junta de Gobierno aprobó el Acuerdo para la ampliación de la Jornada en el colectivo de Policía Municipal. Dicho texto recoge el resultado de una negociación que el nuevo Concejal del Área, Enrique Núñez, ha abierto con Policía Municipal, SAMUR y Bomberos. Este primer acuerdo logrado representa, sin entrar en un desglose minucioso, el mantenimiento de la totalidad de días libres de los que disfrutaban nuestros compañeros de la Policía Municipal antes del decretazo (46), a cambio de la realización de dos fines de semana en su jornada anual, de flexibilidad en la entrada y la salida dependiendo de las necesidades del Servicio durante 20 días al año, y de la realización de 72 horas en formación on-line que ofertará la Administración.

"Les encanta decir que somos un Ayuntamiento lleno de enchufados y no es así". Esta frase pertenece a la concejal de Hacienda de la ciudad de Madrid, Concepción Dancausa. La delegada de Hacienda se la espetó al portavoz municipal de UPyD, David Ortega, cuando este acusó a Ana Botella de dedicarse a contratar "amiguetes" que cobran sueldos muy superiores a los de cualquier trabajador medio

Un vistazo a la lista de personal de confianza del Consistorio basta para comprobar que 10,3 millones de euros de las arcas municipales sufragan los sueldos de 213 asesores a dedo entre recomendados, recolocados, parientes de cargos políticos y militantes del PP. De estos 213 asesores, 85 son para Alcaldía y las áreas de Gobierno, 41 están adscritos a los distritos (que dependen del Ayuntamiento), 84 trabajan en los grupos municipales y tres en la Presidencia del pleno. El 70% han sido elegidos por el PP.

Cuando estamos a punto de cumplir un año desde que los compañeros y compañeras del edificio de Familia y Servicios Sociales de la calle Ortega y Gasset decidieron emprender la movilización vestidos de negro, inaugurando lo que se ha dado a conocer como la Marea Negra de las administraciones públicas, diversos centros de trabajo mantienen la protesta y continúan debatiendo nuevas propuestas para hacer visible nuestra oposición a los derroteros por los que camina nuestro Ayuntamiento.

Ayer se reincorporaron a sus puestos de trabajo siete de los nueve compañeros que fueron injustamente despedidos en MACSA en represalia por su actividad sindical en defensa del empleo. Lo hicieron mediante la firma de un pacto individual que sustituye los despidos por una sanción de tres días de empleo y sueldo. Dos compañeros decidieron continuar la lucha fuera, en los tribunales. Llevan razón. Ninguno de los más de 30 que subieron para leer un comunicado al escenario del Fernán Gómez el pasado 15 de diciembre cometió delito ni falta alguna. Al contrario que la Empresa, que contrató esquiroles para reventar la huelga  convocada  ese  día.  Confiamos  en  que  los  jueces  así  lo  vean.  De  lo contrario se estaría cometiendo una enorme injusticia.