Un remitente anónimo hace llegar a EL PAÍS la obra desaparecida en la Junta de Retiro

El PP y el Ayuntamiento investigaban el paradero de la pieza de Antonio de Felipe.

El cuadro del pintor valenciano Antonio de Felipe desvanecido de un despacho del Ayuntamiento de Madrid ha reaparecido. Su extravío, denunciado por EL PAÍS hace dos semanas, provocó no solo la apertura de una investigación oficial, ordenada por la alcaldesa, Ana Botella, sino también una notable conmoción en el Partido Popular de Madrid. Altos cargos se enfrentaron por su supuesta responsabilidad en el incidente, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, muy disgustada, abrió una investigación política. Ayer, en un abultado sobre sin remitente llegado a la redacción estaba el cuadro. Arrugado y visiblemente dañado, con una raja en un lateral, como si alguien hubiera querido destruirlo y se hubiera arrepentido. La obra, un acrílico sobre cartón de 75x96 centímetros, es un retrato de la fuente de la Cibeles tirada por vacas titulado Cibeles Láctea. Fue pintado en 1996, y está valorado en 12.000 euros. Junto al cuadro, arribó una carta anónima que explicaba su desaparición, al parecer responsabilidad de un funcionario ligado presuntamente a la Junta de Retiro.

(Fuente: elpaís.es)

El Gerente debe asumir la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias; sin perjuicio de otras que le fueran exigibles legalmente.

Y ha dejado, a la ciudadanía madrileña, sin la financiación necesaria para realizar la intermediación laboral, es decir, un servicio público, que consiste en poner en contacto las ofertas de trabajo con las personas que buscan empleo, facilitando a los empresarios las personas más idóneas para el puesto.

No se puede consentir que sea en este momento de crisis, de necesidades reales, de mayor número de desempleados, de familias con todos los miembros en paro, cuando el Ayuntamiento de Madrid, del mismo partido que el Gobierno de España, y la Comunidad de Madrid, preocupados por sus guerras internas permitan que la Agencia para el Empleo, pierda su condición de entidad colaboradora implicando una menor financiación, menores actividades...

En los últimos años, se ha extendido la opinión que lo privado es más rentable y eficiente que lo público.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas nos ha demostrado justo lo contrario: en un informe sobre la prestación de servicios que hacen  los ayuntamientos,  llegó a la conclusión que ‘la gestión pública de servicios como basuras o limpieza cuesta menos que la privada’.

Hay políticos que se presentan a las elecciones con fama de buenos gestores y en cuanto obtienen el poder a través de las urnas dimiten de sus responsabilidades (no de sus remuneraciones) y en lugar de gestionar lo público se limitan a ceder la gestión a una empresa privada.

Hay cosas que no nos cuentan. No nos cuentan que en las cotizaciones a la seguridad social, la empresa privada debe pagar un incremento del 5,5% para las prestaciones de desempleo, coste que se ahorraría con el personal funcionario de carrera.

No nos cuentan que cuando la Administración contrata con una empresa la factura tiene un incremento del 10 o el 21% de IVA, algo innecesario con el personal municipal. Así, por ejemplo el presupuesto base de licitación de los contratos integrales era de 325.740.590,74€, cantidad que se  incrementa en 60.485.186,20€ en concepto de IVA. ¿Cuántos trabajadores se podrían haber contratado con esos 60 millones de IVA?

El pasado 20 de diciembre el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 26/2013 que incluía una modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, en lo referido a los conceptos que deben computarse para establecer la base de cotización de las trabajadoras y trabajadores afiliados al Régimen General.

El real decreto, que ya ha sido convalidado en el Congreso, entró en vigor el pasado 22 de diciembre, aunque el Gobierno ha concedido a las empresas un plazo que se extiende hasta el 31 de mayo (el plazo inicial acababa el 31 de marzo) para regularizar la cotización del salario en especie de sus trabajadores, normalizar las nóminas y efectuar sin recargo las cuotas derivadas de los nuevos conceptos.

Desde CCOO hemos remitido carta a la Directora General de Relaciones Laborales para que nos aclare en qué medida va a afectar la aplicación de este Real Decreto a nuestra Acción Social y en concreto a la prestación del Abono Transporte.