Ante las situaciones de presión a las que se somete al personal de Servicios Sociales para empadronar a personas sin domicilio, desde CCOO pedimos que se ceje en esas prácticas, ya que se pueden considerar violencia laboral

...Ya tenemos conocimiento, pero no está de más recordar, se establece que para empadronar a alguien sin domicilio en un establecimiento colectivo (ejemplo un Centro de Servicios Sociales) la persona debe residir habitualmente en esa población (el distrito) y debe ser conocido por los servicios sociales correspondientes. Si se dan esas condiciones la persona responsable de los servicios (en este caso la Jefatura de Departamento) realizará el informe sobre la habitualidad del vecino que se pretende empadronar.

Desde hace ya algún tiempo los trabajadores y trabajadoras sociales de los distritos reciben indicaciones (siempre verbales) acerca de la necesidad de realizar los informes correspondientes para empadronar en el domicilio del centro, a diferentes personas, en contra de los criterios técnicos de los profesionales.

Desde CCOO queremos hacer un llamamiento para que quien pretenda utilizar estas prácticas ceje en el empeño y disminuya la “presión” sobre los trabajadores y trabajadoras. Esta, si es continua, también puede ser considerada como una forma de violencia laboral.

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Desde la Sección Sindical de Distritos de CCOO del Ayuntamiento hemos dirigido carta al Delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno y a otros responsables de la Corporación para que se especifiquen cuáles son las medidas que se van a adoptar para la aplicación y adaptación de los registros conforme a las prescripciones de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a la relación de los usuarios con una Administración digitalizada, para que se facilite a los funcionarios públicos directrices sobre su actuación en los registros.

La práctica habitual en los Registros de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía en cuanto a la actuación relacionada en la recepción de documentación y su registro viene realizándose por parte de personal externo a la Administración, no tratándose de funcionarios municipales, que reciben y digitalizan la documentación aportada por los usuarios, siendo posteriormente trasladada al correspondiente funcionario para que “complete” la documentación en cuestión, no pudiendo haber verificado la autenticidad de lo aportado, restringiéndose su actuación al posterior envío a la dependencia correspondiente y siendo, por tanto, ignorado la principal actuación del funcionario público en cuanto a la verificación y autenticación de la documentación recibida.

Entendiendo esta actuación como una mala praxis de la Administración, se plantea además la adecuación que la nueva Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, prevé en cuanto a la relación de los usuarios con una Administración digitalizada.

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