CCOO y UGT exigen al Gobierno el cobro del 0,5%, asegurar la jubilación parcial y abrir la negociación de un nuevo acuerdo que garantice la mejora de las retribuciones y más empleo público.

El Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos recriminan al Gobierno que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI sigue sin cumplirse en su integridad, ya que quedan aún pendientes asuntos tan importantes como el abono del incremento del 0,5% de las retribuciones con carácter retroactivo desde enero de 2024, la implantación del grupo B, la reclasificación profesional y la jubilación parcial, o la eliminación de la tasa de reposición ya comprometida.

Por ello, CCOO y UGT, desde sus federaciones con competencia y representación en el Área Pública, exigen al Gobierno que deje de demorar el abono de los atrasos del 0,5%, a la vez que le instan a sentarse para dar una solución que permita recuperar el derecho a la jubilación parcial del personal laboral y su plena implantación al personal funcionario. En caso de no ser atendidas estas peticiones, las organizaciones sindicales no descartan convocar nuevas movilizaciones y las acciones que consideren necesarias hasta conseguir que el ministerio cumpla los compromisos asumidos en la mesa de la Función Pública.

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El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) contempla sanciones de hasta 1.000.000 de euros para amordazar el campus e impedir manifestaciones y protestas.

La presidenta regional no soporta, al igual que el presidente de los EE.UU., las protestas, reivindicaciones y denuncias que la comunidad universitaria realiza, por ejemplo contra el genocidio en Gaza o contra la asfixia económica del gobierno regional a las universidades públicas.

La Ley pretende esconder, bajo el paraguas de la libertad de expresión, multas que podrían llegar hasta el millón de euros para sancionar protestas contra actos fascistas en el campus universitario o contra la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

Realizar una manifestación o una protesta no autorizada podrá sancionarse con 100.000 euros y colocar una pancarta o un cartel no autorizado será sancionado 15.000 euros.

CCOO de Madrid exige la retirada de esta norma y el inicio de un proceso de negociación y diálogo con los partidos políticos, sindicatos y resto de sociedad organizada para la elaboración de una Ley que garantice el funcionamiento autónomo y con recursos suficientes de las universidades públicas madrileñas.

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