Ante la noticia publicada ayer por el diario El País, CCOO de Madrid exige el máximo rigor y profundidad en una investigación que no debe desviarse y llegue hasta el final en el caso del uso de vehículos oficiales.

A los responsables de CCOO en Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid no les ha sorprendido en absoluto la noticia del uso particular de vehículos oficiales en lo que, desde CCOO de Madrid venía denunciando como el "chiringuito de Movilidad".

El sindicato denuncia como, desde que llegó a la dirección general de Movilidad y Seguridad Pedro Ayuso, se instauró el uso particular de los vehículos oficiales para el traslado de altos cargos de libre designación.

CCOO denuncia el uso de este privilegio surgido como una copia del Cuerpo de Policía Municipal, donde los oficiales disponen del privilegio de tener vehículo oficial y conductor para sus traslados privados.

Se trata de más de 60 altos cargos, entre oficiales y jefes adjuntos que emplearían los vehículos oficiales para su traslado, cuando los servicios de atención a la ciudadanía como la OAC, los agentes tutores, o la UAPF adolecen del suficiente número de coches.

Desde CCOO esperamos que el cambio de dirección, ahora con Miguel Ángel Rodríguez, sirva para pasar página en este conflicto. El nuevo director ya ha mostrado diferencias de estilo y se han mantenido  rondas de acercamiento a los sindicatos de un colectivo, el de agentes de movilidad, que se lo encontró desecho con más de 599 agentes expedientados y un desprecio hacia sus condiciones y la prevención de riesgos laborales.

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CCOO, UGT, CEOE y CEPYME han firmado el "II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014", en un acto en el que han reivindicado el diálogo social y han hecho hincapié en su necesidad dada la situación difícil, susceptible de empeorar, en la que nos encontramos. "Los más de cinco millones de parados exigen un esfuerzo como el que supone este acuerdo", ha destacado el secretario general de CCOO.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, y los presidentes de la CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Jesús Terciado, han suscrito el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014 en la sede del Consejo Económico y Social.

Tras la firma, Toxo afirmó que "el acuerdo se ha producido tras cuatro años de crisis, y en una situación que apunta nuevos elementos negativos", y con él se trata de "anticipar el ciclo del empleo al ciclo económico". Para Toxo se trata de un acuerdo casi único en el ámbito de la Unión Europea que pone en valor el diálogo social.

Según el secretario general de CCOO, se ha conseguido un "equilibrio entre el interés de la empresa y los derechos de los trabajadores", y en concreto ha aseverado que "se trata de un acuerdo de equilibrios, en el que se arbitra la flexibilidad interna como alternativa al despido como única respuesta de la empresa ante una situación de crisis".

"Sólo con austeridad no vamos a salir de la crisis", señaló Toxo, que defendió la firma del acuerdo como "una contribución al reparto equilibrado de las cargas para salir de la crisis". No obstante, destacó también que debe ir acompañado de la reinversión del excedente empresarial y el control de los precios.

Documento "II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014"
 

CCOO, CSI.F, INTERSINDICAL, UGT Y CEMSATSE presentaron  el 25 de enero, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un recurso contencioso administrativo especial de amparo judicial de los derechos fundamentales contra el acto de aprobación de una serie de medidas urgentes para la reducción del déficit en esta comunidad, realizadas por el consell.

El recurso ha sido presentado por las centrales sindicales CCOO, CSI.F, INTERSINDICAL, UGT Y CEMSATSE por tres motivos: vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva; vulneración del derecho a la no privatización de bienes y derechos y del derecho al trabajo y vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación.

Asimismo, y como medida cautelar se ha pedido la suspensión del Decreto-ley 1/2012 de 5 de enero del consell.

Recordar que las medidas que el consell ha llevado a cabo afectan al empleo, a la jornada laboral  y a las retribuciones de las empleadas y empleados públicos, con un coste cifrado por el propio conseller Vela en 271 millones de euros. Destacan, entre éstas, la reducción de jornada de un 25% a aplicar a buena parte del personal temporal e interino -con la correspondiente reducción de salario-, así como el recorte de la carrera y el desarrollo profesional sanitario y de los sexenios del personal docente en un 50%.

También se ha aplicado la suspensión del plan de pensiones y la supresión del complemento de incapacidad temporal.

(Fuernte: El País.com 26 enero de 2012)

Izquierda Unida considera la idea "una tomadura de pelo".

El Ayuntamiento busca bibliotecarios que trabajen gratis.

Los vecinos no están "encantados" con la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de que voluntarios hagan parte del trabajo de los bibliotecarios. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha asegurado hoy que sus asociados "rechazan rotundamente hacer uso de mano de obra gratuita para sustituir el trabajo asalariado de profesionales en las bibliotecas". La propuesta la lanzó ayer el delegado de Las Artes, Fernando Villalonga, durante la visita a la futura biblioteca de Carabanchel, ya acabada pero que abrirá al menos dentro de seis meses. Un acto al que acudieron algunos representantes vecinales, que no esperaban aparecer después en los medios de comunicación como "encantados" con la idea del nuevo concejal.

Tras la visita de ayer a las obras, Villalonga declaró que las asociaciones de vecinos estaban "encantadas" con esta medida. Sin embargo, representantes vecinales de Carabanchel han negado que tuvieran conocimiento de la propuesta, según una nota de la Fravm emitida hoy. Las tres asociaciones han afirmado que el Ayuntamiento anunció un nuevo modelo de cogestión de la biblioteca, entre el Consistorio y los vecinos, y que esa idea les pareció bien.

No compartimos lo más mínimo la idea de suplir el trabajo asalariado de los profesionales con el voluntariado de la gente”, dice la FRAVM