Para evitar un pleno de la Junta de Distrito de Moratalaz tan accidentado como el del pasado mes de febrero, la concejala de la demarcación madrileña, Begoña Larraínzar, ha tomado algunas medidas. Recapitulemos: el martes 19 de febrero se reúne la Junta; al hallarse la sede en estado cochambroso, los vocales de los partidos se citan en un edificio anexo; entonces, sin nadie que lo impida, irrumpen decenas de indignados para protestar contra la polémica-estrella del barrio, la designación de Ángel María Carromero como asesor de Larraínzar, a 45.000 eurillos anuales, tras serle concedido el 11 de enero el tercer grado penitenciario, todo ello después de pernoctar apenas diez días en la cárcel de Segovia por el accidente en Cuba (país en el que estuvo recluido entre julio y diciembre y desde donde fue extraditado a España) que segó la vida de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero con Carromero al volante. Desenlace: la edil del PP suspende la Junta.   Difícilmente sucederá algo igual el próximo martes, cuando tendrá lugar la próxima reunión: Larraínzar ha ordenado que se establezca un poco más de seguridad en el lugar. Seguridad que viene a traducirse en: a) control de acceso por escáner para que nadie introduzca objetos susceptibles de altercar el orden (¿pancartas, carteles?) b) cacheo individual c) todo aquel que franquee las barreras anteriores y perturbe la serenidad de la Junta mediante gritos, pitos, palmas o similares, será expulsado.

Al menos 911.500 euros le va a costar al Ayuntamiento de Madrid la reforma del Palacio Municipal de Congresos. El edificio reabrirá el 21 de abril, tras el cambio de la central de incendios, los sensores y detectores de todo el edificio, y la señalización visual y sonora de emergencias. Durante meses, probablemente años, albergó espectáculos, conciertos y ferias incumpliendo la normativa de seguridad. Sólo se cerró después de la tragedia del Madrid Arena, junto con otras instalaciones en idéntica situación.