"Les encanta decir que somos un Ayuntamiento lleno de enchufados y no es así". Esta frase pertenece a la concejal de Hacienda de la ciudad de Madrid, Concepción Dancausa. La delegada de Hacienda se la espetó al portavoz municipal de UPyD, David Ortega, cuando este acusó a Ana Botella de dedicarse a contratar "amiguetes" que cobran sueldos muy superiores a los de cualquier trabajador medio

Un vistazo a la lista de personal de confianza del Consistorio basta para comprobar que 10,3 millones de euros de las arcas municipales sufragan los sueldos de 213 asesores a dedo entre recomendados, recolocados, parientes de cargos políticos y militantes del PP. De estos 213 asesores, 85 son para Alcaldía y las áreas de Gobierno, 41 están adscritos a los distritos (que dependen del Ayuntamiento), 84 trabajan en los grupos municipales y tres en la Presidencia del pleno. El 70% han sido elegidos por el PP.

Cuando estamos a punto de cumplir un año desde que los compañeros y compañeras del edificio de Familia y Servicios Sociales de la calle Ortega y Gasset decidieron emprender la movilización vestidos de negro, inaugurando lo que se ha dado a conocer como la Marea Negra de las administraciones públicas, diversos centros de trabajo mantienen la protesta y continúan debatiendo nuevas propuestas para hacer visible nuestra oposición a los derroteros por los que camina nuestro Ayuntamiento.

Ayer se reincorporaron a sus puestos de trabajo siete de los nueve compañeros que fueron injustamente despedidos en MACSA en represalia por su actividad sindical en defensa del empleo. Lo hicieron mediante la firma de un pacto individual que sustituye los despidos por una sanción de tres días de empleo y sueldo. Dos compañeros decidieron continuar la lucha fuera, en los tribunales. Llevan razón. Ninguno de los más de 30 que subieron para leer un comunicado al escenario del Fernán Gómez el pasado 15 de diciembre cometió delito ni falta alguna. Al contrario que la Empresa, que contrató esquiroles para reventar la huelga  convocada  ese  día.  Confiamos  en  que  los  jueces  así  lo  vean.  De  lo contrario se estaría cometiendo una enorme injusticia.

En la Comisión Permanente de Familia y Servicios Sociales celebrada el 19 de febrero, la concejala de IU-Los Verdes intervino en relación al desvío de 4.189.750,51 euros de la partida presupuestaria destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio. Dicha cantidad ha sido destinada a otra ajena a los Servicios Sociales municipales denominada “Servicios Nuevos” (¿?)
No acaba aquí el despropósito del Equipo de Gobierno. Hasta 13.519 madrileños valorados por los Servicios Sociales de los Distritos, que son susceptibles de ser atendidos por el Servicio de Ayuda a Domicilio, se encuentran con que sus solicitudes están a la espera de ser autorizadas por la Comisión Técnica de Valoración del Área de Familia y Servicios Sociales (¡!)
La atención prestada por trabajadoras y trabajadores de Atención Social Primaria ha sido vapuleada y guardada en un cajón. Sin pudor han arramplado con unos presupuestos aprobados para la atención social de mayores, familias y discapacitados para dedicarlo a otros menesteres ocultos. Han dejado a los profesionales de los Servicios Sociales sin capacidad de actuar y sin explicaciones
del expolio de un presupuesto destinado a prestar la Ayuda a Domicilio.

Desde la aplicación del RD en el que los empleados públicos fuimos penalizados cuando enfermamos, el Ayuntamiento viene realizando una práctica intolerable.

Si el día del cierre contable de la nómina, variable cada mes, coincide con que el trabajador se encuentra en situación de IT por contingencias comunes en el régimen retributivo general, se procede al descuento salarial como si continuase en esa situación el resto del mes. Esto provoca situaciones como que un trabajador esté de alta al día siguiente del cierre de la nómina y aun así se le descuenten incorrectamente 10 o 12 días de sus ingresos, que serán devueltos ¡un mes después!

Para nuestro Ayuntamiento no es suficiente con la penalización que nos introdujo el decreto de Rajoy sino que pretende querer obtener anticipos económicos a costa de nuestras enfermedades y salarios.