Otro ejemplo más de las ilegalidades "digitales", y nos nos referimos a las informáticas, sino las que se hacen "a dedo", de los nombramientos que se realizan en el Ayuntamiento de Madrid, de los enchufismos y amiguismos que acabamos pagando todos las empleadas y empleados públicos y la ciudadanía de Madrid.

La sentencia firme 355/2014 de 4 de julio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado lugar a la publicación en el BOAM de un Acuerdo de 20 de noviembre de 2014 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se cesa, en ejecución de sentencia, a doña Casilda Méndez Magán como Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno.
Y es que los dirigentes de nuestro Ayuntamiento se creen muy listos…

El colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, impugnó el Acuerdo de  nombramiento de doña Casilda de fecha 5 de enero de 2012, insistiendo en que vulneraba ese acuerdo la normativa básica tanto en las funciones de la fe pública como en las de asesoramiento legal y que dichas funciones son reservadas a la escala de funcionarios con habilitación estatal por la normativa de carácter básico del EBEP.

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Se entrega la aplicación del SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) a la empresa privada para, al final, tenerla que sacar adelante los empleados y empleadas municipales.

La coexistencia en la gestión del servicio de Línea Madrid de la gestión directa y la indirecta a través de empresa privada no es sino fuente de confusión y conflictos.

La inexplicada y sorprendente entrega a la empresa de la gestión del SER vuelve a demostrarlo pues ha tenido como consecuencia tiempos de espera de 40 minutos (hasta una hora en algunas oficinas).

Ocurre, además, que la dirección del Servicio amenaza con restringir las vacaciones en el período de finalización del IBI, aplicación que gestiona la empresa, ante previsibles aglomeraciones. Amén de ser discutible la legalidad de tal limitación ¿tiene sentido traspasar a la empresa nuevas aplicaciones cuándo no se garantiza que gestione bien las que tiene ya asignadas, afectando a los erechos de los empleados y empleadas municipales?

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El club pagará más de 40 millones al Ayuntamiento, el 15% en entradas de fútbol
El Atlético de Madrid podrá comprar en 2017 el suelo municipal sobre el que está construyendo el nuevo estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas, evitándose así el pago de un alquiler anual de casi dos millones de euros al Ayuntamiento de la capital hasta casi final del siglo. Esto será posible gracias a que el gobierno local, regido por Ana Botella (PP), ha cambiado la calificación de la parcela, que hasta ahora tenía un uso público y por tanto no podía ser enajenada, según explicaron a EL PAÍS fuentes municipales.

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Esta mañana delegadas y delegados del Área Pública de CCOO, de Madrid, de Galicia, Murcia, Extremadura...nos hemos reunido en el Auditorio Marcelino Camacho con una intención clara, reivindicar la importancia de los servicios públicos.

Las intervenciones en la asamblea han advertido de los recortes en servicios públicos.

Exigimos unos servicios públicos eficientes y sostenibles.

En Sanidad se han perdido más de 50.000 puestos de trabajo por los recortes y se sigue reduciendo el gasto público en sanidad en beneficio del sector privado.

Recortes en inversión pública en Educación.

Pero hay que seguir movilizándose, defender lo público. Conseguir unos mejores servicios públicos, creando empleo público.

Y, por supuesto, restitución de derechos robados a empleadas y empleados públicos.

La Asamblea ha terminado en una marcha hasta la plaza de Neptuno donde nos hemos concentrado para protestar por el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, tal como ha declarado Ignacio Fernández Toxo al clausurar la Asamblea: "Los Presupuestos Generales del Estado son la clave para la redistribución de la riqueza.

Con el cambio de empresa se destapó la falta de control. Nada menos que 70 camiones de la basura, según calculan los trabajadores, de una flota total de 239 están para chatarra o con graves deficiencias y no para prestar servicio como era obligación por contrato. FCC, que durante setenta años se ha encargado de estas labores en la capital, deja en herencia una serie de flagrantes incumplimientos sin que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho nada por evitarlo.

“La falta de vigilancia, apunta la portavoz municipal de Medio Ambiente de IU que ha llevado este asunto a la Comisión Informativa del Área, ha sido escandalosa; se lo dijimos ya y no nos hicieron caso y ahora aquí están las pruebas; FCC usaba vehículos de centro para cubrir servicios en la periferia y viceversa pese a estar prohibido por contrato y simplemente lo hacía porque no tenía camiones suficientes y nadie del equipo de gobierno se molestó o quiso comprobarlo”. “Si no es así, añadió, que alguien nos explique por qué setenta camiones aproximadamente están destrozados”.

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