La ATM (Agencia Tributaria de Madrid) se quería quedar con dinero de nuestros compañeros y compañeras.

La ATM les reclamó a los compañeros y compañeras cantidades abonadas en 2007 y 2008 en base, según dice la Resolución de fecha 10 de octubre de 2013, a un error en el abono del complemento de antigüedad.

El 19 de febrero de 2009 se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales estableciendo que “no se efectuaría ningún descuento ni reintegro de las cantidades individuales derivadas de la compensación cautelar establecida en la Resolución de la Gerencia de la ATM de  15. De diciembre de 2008 hasta tanto la Mesa General de Negociación no determinase el salario base del personal laboral”.

Como a fecha 10 de octubre de 2013 no se llegó por medio de la negociación colectiva a la determinación de la condición necesaria “determinar el salario base del personal laboral”, devino inaplicable el Acuerdo de 19 de febrero de 2009, en base al cual la ATM-Ayuntamiento de Madrid pretendía la devolución de las cantidades abonadas previamente como complemento de antigüedad.

Así las cosas, la Sentencia 178/2015 ha dado la razón a nuestros compañeros y compañeras, y ha condenado al Ayuntamiento, ha anulado la resolución de 10 de octubre de 2013 y, por tanto, ha condenado a la ATM a abonar a los afectados y afectadas las partes que le sustrajeron de la nómina, por decisión unilateral.

Se trata de una sentencia firme, sobre la cual no existe posibilidad de recurso

¡Enhorabuena compañeras y compañeros!

Nota de redacción.Otro marrón para la nueva Corporación: Los sueños megalómanos de Ruiz-Gallardón, en su etapa de alcalde de la villa, le llevaron a querer convertir La Peineta en estadio olímpico; para ello firmó un acuerdo con el Atlético de Madrid y, cómo no, con FCC. Después de muchos desacuerdos económicos, cambios de Planes Urbanísticos y dos anulaciones del TSJM, la señora Botella deja, ahora, la pelota en el tejado de  la nueva Corporación que está en contra de la enajenación de suelo público, lo que impedirá la venta de la parcela.

El traslado del Atlético de Madrid al estadio de La Peineta se enfrenta a un nuevo obstáculo político y económico. La operación, que debía salirle al club a coste cero, amenazó hace unas semanas con encarecerse en casi 40 millones de euros por un desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad sobre las cargas urbanísticas. El club, que no está dispuesto a abonar esa cantidad, prefirió paralizar la operación a la espera de un nuevo gobierno. Pero la victoria de Ahora Madrid en las elecciones de mayo puede complicar aún más su futuro e incluso desembocar en el pago de una indemnización millonaria.

El entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), presentó el proyecto para convertir La Peineta en estadio olímpico en julio de 2004. Para asegurarse de que la instalación tuviera uso después de los Juegos, Gallardón firmó en diciembre de 2009 un convenio con el Atlético para que abandonara el Vicente Calderón y se mudara al nuevo estadio construido en una parcela municipal del distrito de San Blas. La fecha prevista para el traslado era 2012, aunque fue retrasándose al ritmo de los sucesivos fracasos olímpicos y por la crisis económica, hasta fijarse en la temporada 2017-2018.

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En el BOAM del 8 de junio se ha publicado la relación de trabajadores municipales que han solicitado la ayuda de estudios para la formación personal del curso 2014/2015 y que deben subsanar faltas o aportar documentación.

Los solicitantes que figuran en dicha relación deberán presentar los documentos, declaraciones responsables o facturas que respondan a la indicación de la Administración. Para ello dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el BOAM.

La documentación se presentará en el REGISTRO del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública en la calle Bustamante, 16, o en cualquiera de las oficinas de Registro del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

La relación estará expuesta en el tablón de anuncios de la Ofcina de Registro de la calle Bustamante 16, en la planta baja, y en Ayre.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, en colaboración con la asociación de vecinos Pasillo Verde-Imperial, contra el plan parcial de la operación Mahou-Calderón.

Aparte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM abrirá una pieza separada para abordar la petición de suspensión cautelar solicitada por los recurrentes sobre el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que valida esta operación urbanística.

El alto tribunal madrileño, en una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, solicita al Ayuntamiento de Madrid que en el plazo "improrrogable" de 20 días desde la comunicación judicial de este decreto remita el expediente administrativo de esta operación. Indica a su vez, la posibilidad de interponer recurso de reposición contra esta resolución en un plazo de cinco días.

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Nota de redacción: Botella sigue haciendo de las suyas. Si el pasado lunes nos sorprendía adjudicando un contrato, por valor de 16,3 millones de euros y 11 años de duración, para la gestión de la planta de tratamiento de biogás de Valdemingómez, hoy nos desayunamos con un nuevo concurso. Esta vez es el mobiliario urbano el que entra en juego.

No se entienden las prisas de la ya "en funciones alcaldesa"...o si?

El Ayuntamiento de Madrid, en tiempo de descuento, ha sacado a concurso el contrato para adjudicar la gestión de mobiliario urbano de la capital durante los próximos 12 años. La empresa concesionaria tendrá que encargarse de la fabricación y mantenimiento de los nuevos contenedores de pilas y de vidrio, los aseos callejeros y los paneles con información municipal (como los mapas de la ciudad) a cambio de explotar la publicidad del resto de soportes situados en la vía pública, tal y como figura en los pliegos elaborados por el Gobierno en funciones (PP).

Sin embargo, será la Corporación local que se forme el próximo 13 de junio la que deberá finalizar la tramitación de esta licitación en ciernes, ya que el plazo para la presentación de ofertas termina justo dentro de un mes. Según las fuentes jurídicas consultadas, el sucesor o sucesora de Ana Botella al frente del Palacio de Cibeles podría interrumpir el proceso «por razones de legalidad o de oportunidad», aunque esta decisión implicaría el pago de indemnizaciones a los participantes por los gastos en los que hubieran incurrido previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.

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