Para consultar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos del primer semestre de estea año, pulsa el siguiente enlace:

Consulta RPTs Primer Semestre 2015

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano cuya existencia es obligatoria, artículo 38 de la Ley 31/1995, un órgano de consulta y participación de la representación de la plantilla, pero esta Corporación lo ha convertido en un instrumento inútil donde mes a mes se acumulan problemas y denuncias sin resolver, que se juntan con otras nuevas por el mal clima laboral existente en los centros de trabajo.

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El 29 de enero el Ayuntamiento de Madrid aprobó con la firma de UGT y CSIF el Acuerdo por el cual, los trabajadores y trabajadoras despedidos en el ERE de Madrid Espacios y Congresos que, - una vez retirado el recurso de casación por parte de Madrid Destino, empresa sucesora de aquella-, tenían derecho de reversión al Ayuntamiento por provenir de un antiguo Organismo Autónomo, el Patronato de la Feria del Campo, disuelto en el año 2000.

CCOO exigía tres premisas fundamentales: categorías, salarios y antigüedad a todos los efectos. La sentencia que determinó que el ERE de Madridec no se ajustaba a derecho suponía la improcedencia de los despidos. Siendo su situación la misma, y no otra a la que tenían en el momento de su despido improcedente en la empresa municipal que decidió ponerlos en la calle sin motivo.

Entre el consistorio y los firmantes, han logrado que estas personas afectadas injustamente por el ERE, además  hayan tenido que ver cómo se cercenaban sus condiciones laborales, sus categorías y sus salarios.

CCOO  no logra entender la postura de la Administración que, conociendo la situación por la que han pasado estos compañeros y compañeras, se ha volcado  en confeccionar un acuerdo de reversión propio de un extraño a todas las vicisitudes, de trama económica y financiera, de una empresa municipal que ha servido de financiación a las arcas del Ayuntamiento. Sólo esos trabajadores han pagado las consecuencias de esa pésima gestión empresarial con dinero público.

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En el año 2005 el entonces Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, decide trasladar la actual Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Cuartel de Conde Duque a la calle Albarracín, 33. Un edificio alquilado que supone un gasto exorbitado en momentos de crisis. Se ha renovado el contrato en agosto de 2012 por la escandalosa cantidad de 19.615.483,08 euros.

Lejos de mejorar con el cambio tiene importantes deficiencias en todas las instalaciones (suciedad, climatización, mobiliario roto…). A pesar de que se han dado traslado de las mismas a la Secretaría General de Prevención de Riesgos Laborales en múltiples ocasiones, siendo la última este mes de enero con copia a diferentes responsables del Ayuntamiento en materia de recursos humanos, la propiedad nunca ha respondido con la celeridad que se espera de quien recibe tal cantidad de dinero de las arcas municipales.

La empresa que ha llevado “el mantenimiento” o más bien, la falta del mismo, hasta ahora, pretende concursar de nuevo, sin solucionar los desperfectos que le corresponden más allá de algo puntual.

El gobierno municipal mira para otro lado el abandono absoluto por parte de la propiedad, de la empresa de mantenimiento y de la de limpieza, y los que la sufren son las personas que diariamente tienen que trabajar en un edificio sucio, mal climatizado e insalubre. No sólo las calles de Madrid están sucias, los edificios municipales también. Las personas que trabajamos y vivimos en Madrid sufrimos diariamente la desidia e ineficacia del gobierno municipal del PP.

La Sección Sindical de CCOO de la EMVS quiere expresar su más profundo rechazo a lo que viene sucediendo con los ciudadanos y ciudadanas que siendo adjudicatarios y adjudicatarias de una vivienda social, de repente ven como se ha mercantilizado su derecho constitucional y son despojados de su hogar.

Cuando la EMVS vende los edificios con sus inquilinos, de partida ya está facilitando que transcurrido el plazo de la calificación y los plazos de los contratos suscritos, los nuevos puedan hacer lo que quieran con esos contratos y, por tanto, con ese edificio.
La EMVS, cuando vendió los edificios, al parecer lo hizo señalando en el contrato de compraventa que los compradores tenían que respetar las condiciones contractuales de los inquilinos, pero no sabemos si lo que no estaba escrito eran las cantidades que la EMVS dejaba de cobrar a los inquilinos que gozaban de subvención al alquiler.

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