En 1981 se firmó el primer Convenio en el ámbito de las administraciones públicas. Sí, fue aquí, en el Ayuntamiento de Madrid. Lo declararon en primera instancia ilegal por un Tribunal embebido todavía de cultura franquista. Acabamos por ganarlo. En los centros de trabajo primero. Luego en los tribunales.

Desde entonces los convenios se han sucedido, empujados por las movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores municipales organizados. El PP nos ha gobernado durante 25 años. Pero hemos ido avanzando. A golpe de convenio, con mucho esfuerzo de mucha gente y poniendo en valor el derecho a la negociación colectiva. Un derecho que nos protege a todos y todas, y que ha permitido que cuando lo hemos ejercido hayamos avanzado colectivamente. Como en el resto de la sociedad.

¿Por qué traemos aquí esta breve introducción? Por distintos motivos. Pero hoy, sobre todo, por el espectáculo que estamos viviendo en nuestra Policía Municipal. Y no quisiéramos privar al conjunto de la plantilla de su conocimiento.

El pasado miércoles vivimos un hecho que nadie en nuestro entorno recuerda haya acontecido, al menos desde que se negocian y firman acuerdos y convenios.

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Los concursos de traslados para funcionarios y personal laboral de la administración general de la Junta han registrado un total de 48.542 solicitudes, una cifra que duplica los datos de participación de la última convocatoria hace casi cinco años, según ha expresado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien resalta que los concursos han despertado una "gran expectación" ya que habían sido muy demandados por empleados públicos y sindicatos.

En comisión parlamentaria, Montero ha explicado que los concursos de traslados constituyen un "instrumento fundamental" para garantizar y hacer efectivo el derecho a la carrera profesional y para conciliar la vida familiar y laboral de los empleados públicos, ya que "hay muchos profesionales de la administración pública que se encuentran desplazados y llevan mucho tiempo esperando obtener por concurso una plaza en la localidad donde reside su familia".

En estos procedimientos han participado 14.232 empleados públicos, de los que 12.616 son funcionarios y 1.616, laborales.

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El 1 de enero de 2017, cambia el sistema de gestión de cotización de todo el personal municipal de la Seguridad Social, debido a la puesta en marcha del sistema CRETA o de liquidación directa por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Desde CCOO, no entendemos el tono de la nota del Ayuntamiento, sobre el cambio en el sistema de gestión de cotización a la Seguridad Social, que parece orientado a meter miedo al trabajador más que a informar, cuando son las administraciones públicas las que suelen relajarse a la hora de implementar los nuevos protocolos.

EN QUÉ CAMBIA
Se transforma el ámbito de liquidación de cuotas, pasando de ser autoliquidación realizada en el Ayuntamiento a liquidación directa (CRETA) de cuotas por la propia Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

EN QUÉ NOS AFECTA
A LOS TRABAJADORES EN NADA, porque, desde el 8 de junio de 2009, es de obligado cumplimiento por parte de los empleados municipales cumplir los plazos de presentación de los partes médicos en caso de baja por enfermedad común o accidente laboral.

IMPORTANTE// FUNDAMENTAL PARA LOS TRABAJADORES
Hacer llegar al Ayuntamiento los datos de los partes de baja, confirmación y alta en los plazos establecidos, para que se tramiten en tiempo.

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En el BOAM,número 7.767, de 19 de octubre de 2016 se ha publicado una Resolución del Director General de Recursos Humanos por la que se prorroga por otro periodo de igual duración, el plazo de dos meses para declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 9 plazas de la categoría de Ingeniero Superior Informática.

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La reciente aprobación del Reglamento de adjudicación de viviendas de la EMVS debemos enmarcarlo dentro del contexto más amplio del derecho a la vivienda, y la capacidad de los sectores sociales más desfavorecidos por disponer de un lugar digno donde habitar. Se le exige, y con razón, a las administraciones públicas que garanticen los derechos de la ciudadanía y que destinen sus recursos para solventar las desigualdades e injusticias de esta sociedad, por lo que este reglamento debemos de entenderlo en esta dirección. Por ello, no debemos entender que el reglamento aprobado esté destinado a regularizar situaciones concretas, sino a garantizar una forma transparente de acceso a la vivienda para el conjunto de la ciudadanía madrileña, en un objetivo que pretende solventar las situaciones de injusticia que se derivaban del anterior reglamento de acceso.

En primer lugar, debemos resaltar el hecho de que el acceso se realizará en un régimen de alquiler, lo que debería permitir cierta movilidad de la población al ver modificadas sus condiciones de acceso, pero también, la ausencia de condiciones financieras para acceder a la vivienda, no teniendo que inmovilizar la renta familiar para pagar las deudas contraídas con bancos y entidades financieras. Y es que siendo el empleo y el salario dos de los principales problemas de nuestra sociedad, el presente reglamento pretende buscar un punto de encuentro al reducir las condiciones de renta para acceder a una vivienda de titularidad pública...

Este reglamento, por tanto, pretende situarse en el contexto de crisis y atender a las cuestiones que más afectan a la población madrileña, donde el desempleo, los bajos salarios y la precariedad laboral condicionan de manera definitiva el acceso a una vivienda digna. Evitar el endeudamiento familiar, especialmente de jóvenes, supondrá destinar los recursos familiares a otras cuestiones, haciendo que con ello se reduzcan algunas desigualdades existentes en los barrios de Madrid, algo que desde la Sección Sindical de CCOO vemos como positivo en el avance hacia una sociedad donde no solo disfrutemos de derechos, sino que además, estos queden garantizados.

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