Ante las noticias sobre el auto del Constitucional en el que avala el recorte salarial, el sindicato respeta la decisión pero reafirma su compromiso con el sector público.
Ante las informaciones recogidas en diversos medios de comunicación acerca de una presunta no admisión a trámite, por el Pleno del Tribunal Constitucional, de una cuestión de constitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en relación con conflictos colectivos planteados por Comisiones Obreras, acerca de la aplicación de la rebaja salarial al empleo público, dispuesta mediante RDL 8/2010, de medidas urgentes, desde CCOO queremos manifestar:
El protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado (AGE) ha sido aprobado por el Ejecutivo, tras el acuerdo firmado el 6 de abril con los sindicatos, y publicado el pasado miércoles en el BOE. El protocolo plantea acciones de prevención y de sanción cuando se produzca mobbing.
La Resolución del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que regula el acoso laboral o mobbing en la función pública y que fue publicada el miércoles 1 de junio de 2011 en el Boletín Oficial del Estado, considera acoso laboral el hecho de mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles, reprenderle reiteradamente delante de otras personas, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada y tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo.
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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia en referencia a los despidos del personal del Ayuntamiento de Villaconejos que tuvieron lugar en el año 2009.
Dicha sentencia declara la improcedencia de los despidos y condena al Ayuntamiento a readmitir a las trabajadoras en las mismas condiciones anteriores a los despidos o, a elección de las trabajadoras afectadas, a abonar diferentes cantidades en calidad de indemnización.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Madrid así como el Sector de Administración Local (SAL) y las secciones sindicales que estuvieron presente en las movilizaciones que se llevaron a cabo en defensa de las compañeras del Ayuntamiento de Villaconejos durante el més de septiembre de 2009, quieren felicitar a las compañeras por esta sentencia que les da la razón.
El Juzgado de lo Contencioso nº 31 de Madrid, dictó el 2 de septiembre de 2010, una sentencia, en respuesta a un Contencioso presentado por CCOO, en la que estimaba que, para el computo de los trienios al personal funcionario interino, debía tenerse en cuenta todos los servicios prestados para todas las Administraciones Públicas en cualquier periodo, igual que para el pèrsonal funcionario de carrera.
La Comunidad de Madrid apeló dicha sentencia en virtud del artículo 9 de la Ley 7/2007 y de la posterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 21 de septiembre de 2010, que consideraba que este artículo era legal, y que por tanto, tan sólo debían de reconocerse a efectos de trienios los servicios prestados exclusivamente para la Comunidad de Madrid tal como contempla la normativa de Madrid a este respecto.
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En los dos últimos conflictos planteados por CCOO ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra el recorte salarial en el sector público, la Abogacía del Estado ha renunciado a continuar el pleito y concilia con el sindicato, condicionando estas demandas a la resolución del Tribunal Constitucional instada por el Tribunal en relación a los anteriores conflictos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Administración General del Estado.
El Juzgado de lo Social nº1 de Santander entiende que la Comunidad Autónoma de Cantabria se pudo extralimitar en sus competencias al extender, sin soporte legal ni delegación estatal, el recorte salarial del 5% a las empresas públicas, en concreto a la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, SA.
CCOO obtiene un Auto que, conforme sostiene el sindicato, puede cuestionar la capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas en relación a determinadas materias laborales. CCOO, en el caso de producirse una resolución del Tribunal Constitucional en este sentido, fomentará la extensión de inconstitucionalidad a las normas de algunas comunidades autónomas que han recortado derechos laborales -no solo salariales- a las trabajadoras y trabajadores del sector público.
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