El Juzgado de lo Social nº1 de Santander entiende que la Comunidad Autónoma de Cantabria se pudo extralimitar en sus competencias al extender, sin soporte legal ni delegación estatal, el recorte salarial del 5% a las empresas públicas, en concreto a la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, SA.
CCOO obtiene un Auto que, conforme sostiene el sindicato, puede cuestionar la capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas en relación a determinadas materias laborales. CCOO, en el caso de producirse una resolución del Tribunal Constitucional en este sentido, fomentará la extensión de inconstitucionalidad a las normas de algunas comunidades autónomas que han recortado derechos laborales -no solo salariales- a las trabajadoras y trabajadores del sector público.

El Auto del Juzgado de lo Social nº 1 de Santander cuestiona la constitucionalidad del apartado 4 del artículo 27 de la Ley 5/2009, de Presupuestos Generales de Cantabria, en su redacción dada por el artículo 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010. El Juzgado entiende que puede existir vulneración de los artículos de la Constitución que regulan determinadas competencias del Estado como exclusivas y considera que la norma autonómica sobrepasó las competencias de la comunidad al regular una reducción salarial en un ámbito no contemplado en el Decreto-Ley que amparó esa reducción salarial para otros colectivos del sector público.

Además, el Juzgado entiende que, en la aplicación de esta reducción salarial, pudo ser vulnerado el derecho a la negociación colectiva, e incluso una infracción de la prohibición de retroactividad de las normas restrictivas de los derechos individuales que establece la Constitución.

Por todo ello, acuerda dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, procedimiento previo para interponer cuestión de inconstitucionalidad ante el máximo Tribunal. Tal y como viene defendiendo CCOO, esta nueva cuestión de inconstitucionalidad puede extender a otros colectivos, e incluso ámbitos, el cuestionamiento de constitucionalidad en relación a la capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas en materia laboral.