por Julián Donaire compañero IAM y Secretario Comunicación y Formación de la Sección Sindical Intercentros de CCOO
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El 10 de marzo de 2011, la ciudadana Rita Maestre, actualmente Concejala del Ayuntamiento de Madrid por la lista de Ahora Madrid y el ciudadano Héctor Meleiro, en las listas de Podemos a la Comunidad de Madrid, participaron, junto otras cinco personas, en una protesta en la complutense. El 12 de marzo de 2011, el sindicato Manos Limpias presentó denuncia contra los responsables de la denominada “ASOCIACION CONTRA PODER”, con sede en la facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, por delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos
El 16 de junio de 2015, habían pasado cuatro años desde que ocurrieron los hechos, y tres días después de ser elegida Manuela Carmena Alcaldesa de Madrid, en la prensa aparece la siguiente noticia “La Fiscalía pide un año de prisión para la portavoz del Gobierno de Carmena por hechos del 2011”. La Fiscalía solo acusaba a dos de las siete personas que participaron en el acto: Rita Maestre y Héctor Meleiro.
En los últimos tiempos estamos asistiendo a la criminalización de los actos de protesta: la Ley Mordaza, la criminalización de sindicalistas, las multas a manifestantes, etc. Recordemos el caso de ‘Los 8 de Airbus’, donde la Fiscalía pedía 64 años de prisión por los hechos acaecidos durante la huelga general del 2010 contra el gobierno de Zapatero.
Pero parece que olvidamos el motivo de la protesta e Rita Maestre, Héctor Melerio y otros cinco más que no han sido acusados. El motivo de la protesta era la ocupación por una entidad privada de un espacio público. La entidad privada es la Iglesia Católica, el espacio público es la Universidad Complutense, universidad que los españoles y españolas que tenemos nuestro dinero en nuestro país ayudamos a sostener con nuestros impuestos.
No es el único caso en el que la Iglesia católica tiene un trato preferente. Está también la recaudación que se hace a la misma a través del IRPF. Está también la reserva que se hace para la religión de una parte del horario escolar, que aunque se diga que es para cualquier religión, en la práctica la que lo utiliza es la Católica.
¿Es ético y lícito que una entidad privada haga ocupación de un espacio público? El trato preferente que recibe la Iglesia Católica respecto a otras confesiones ¿no podría estar vulnerando el artículo 14 de la Constitución, ese que habla de la igualdad y dice :”Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”? Si fuera así, ¿porqué ninguna organización política presenta recurso ante el Tribunal Constitucional del Concordato con la Santa Sede y la suspensión cautelar del mismo, así como del resto de convenios existentes con la Iglesia Católica?
El último Acuerdo con la Santa Sede fue firmado el 3 de enero de 1979, hace 37 años y recién aprobada la constitución. Va siendo hora que se produzca una profunda revisión del mismo y se adapte a los requerimientos de nuestra Constitución, aquella que algunos tanto dicen defender.
Julián Donaire García.
Actualizado (Viernes, 06 de Mayo de 2016 11:08)
Ideas sobre la integridad institucional como presupuesto de la buena gobernanza en el Ayuntamiento de Madrid.
Hace poco leyendo la NewsLetter del INAP me encontré con una recensión de Rafael Jiménez Asensio sobre el libro “Ética Pública y Buen Gobierno” de M. Villoria y A. Izquierdo, editado por Tecnos/INAP y publicado este año.
Este resumen que recomiendo me ha hecho reflexionar sobre lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid del que soy funcionaria desde hace más de 27 años.
Señala el autor del resumen que: “ Entre los múltiples males que aquejan al sistema político-institucional español, se pueden resaltar (a juicio de los autores del libro) …..la debilidad del sistema de representación y el bajo funcionamiento del sistema de controles….la existencia de un spoil system “moderado”….una cultura cívica caracterizada por la desconfianza y la baja implicación, así como un débil control de los conflictos de interés.”
Añade en otro momento que: “Por eso, los Programas de desarrollo Éticos o de Integridad deberían formar parte sustantiva de la Política de Recursos Humanos de las organizaciones, una cuestión que hasta ahora es por lo común ajena a la política de gestión de personas de nuestras instituciones…..[éstas] deben ser marcadas por la continuidad y la tenacidad…”
¿Qué sabemos acerca de estas propuestas en la administración municipal? Hasta ahora, poco o nada.
Me remito a un artículo que presenté en esta mismo boletín que CCOO viene publicando con asiduidad, en concreto al nº 10, en lo que se refiere al spoil system que, al menos aquí en Madrid ha sido y sigue siendo inmoderado. Sorprende ver cómo los juicios complacientes de quienes salen ganando con el espolio y la ocupación intensiva de la política de la alta administración se perpetúan gobierne quien gobierne.
No hay nada más que echar un vistazo al BOAM para saber que la política de provisión de puestos de trabajo en este ayuntamiento sigue en las mismas manos, sin recato ni opción a la réplica ni a la transparencia. Salen publicadas decenas de puestos a proveer mediante el sistema (¿extraordinario?) de libre designación, en todos los niveles imaginables y además abiertos a funcionarios de otras administraciones públicas, sobre todo aquellos mejor dotados económicamente y de más altos niveles. Es verdad que los altos funcionarios municipales se dejaron querer a través del mismo sistema de espolio sin embargo ello no es óbice para repensar un sistema que continúa cayendo en los peores errores del anterior.
Nos estamos quedando sin tiempo y nos están incitando a denunciar la continuidad de unas prácticas muy arbitrarias, al menos habría que preguntar lo siguiente respecto a los sistemas de provisión de puestos de trabajo y en especial a las LD:
¿Quién y cómo se deciden los perfiles?, ¿Por qué siguen abiertas a otras AAPP las plazas de complemento específico más alto?, ¿Por qué algunas plazas están abiertas A2/C1 y/o A1/A2 y otras de perfil similar no lo están?,
¿Quién decide la dotación económica de una plaza en concreto?, ¿Quién decide que se cubra mediante LD?,
¿Existe un modelo de curriculum que pueda, al menos, dar una cierta seguridad a quien lo envía para que pueda “creer” que al menos va a ser siquiera leído?, ¿Quién y cómo decide elegir a uno/a candidato/a frente al resto?,
¿Dónde consta el acta, de ser un grupo colegiado quien decide, de la decisión adoptada?, ¿Dónde se publica la motivación que precede a la resolución adoptada de nombrar al candidato/a elegida/o?
Creo que ya es el momento, no sólo de intentar limitar las plazas a cubrir mediante LD, sino también exigir que en los procedimientos que se deriven de convocatorias de provisión de plazas mediante LD exista la máxima transparencia y publicidad de los procedimientos de elaboración de los perfiles, apertura de plazas a distintas categorías, motivación de la elección y de las resoluciones que hayan tenido lugar. Debemos pensar que el tiempo prudencial de esquivar decisiones tomadas antes del gobierno de esta corporación, ya ha pasado.
Siguen dominando el panorama los A1, dejando relegados a los A2 a los puestos menos apetecibles y peor pagados. Se llevan a concurso general las plazas con complementos específicos inferiores y en los C1 y C2 los puestos con los complementos específicos más altos se los lleva, por lo general, un candidato o candidata (no creo en la culpabilidad de las víctimas del sistema sino en la de sus diseñadores) que no le queda otra que optar por el sistema, tan poco objetivo, como es el concurso específico también denominado por la mayoría de los trabajadores, libre designación encubierta.
Como señala el autor del artículo precitado los Marcos de Integridad Organizacional son una necesidad imperativa en las modernas organizaciones institucionales, no me basta con rechazar regalos de particulares y empresas, necesito un completo código anti brabering (que me ofrezca pautas para saber cómo actuar, sobre todo en los puestos directivos o de alta administración frente a las presiones de particulares que siempre ha habido y siempre habrá, algo que por cierto ya existe en las grandes empresas), necesito códigos éticos, evaluaciones de riesgo de integridad, formación ética interna de los servidores públicos municipales, una cultura del comportamiento cívico y ético que España con sus contrarreformas siempre ha evitado, un sistema interno de consultas para problemas éticos de los trabajadores y trabajadoras, así como un canal de denuncias de protección en los casos de corrupción que se pueda llegar a conocer o en los casos de abusos, moobing, fraude o de ineficiencias flagrantes, necesito un sistema de gestión de los conflictos tanto internos como de intereses que funcione …..En definitiva un marco de integridad institucional que nos dote de la infraestructura y la cultura ética que esta administración no ha sabido o no ha querido tener nunca.
No sería un mal momento empezar ahora mismo por algo que tanto nos atañe a los servidores públicos de carrera, para de una vez por todas poder confiar en la administración que nos gobierna, incluyo en esta necesidad de ganar la confianza de trabajadoras y trabajadores, a los directivos y niveles superiores de la administración pública municipal que hasta ahora no han demostrado interés alguno por el bienestar de sus compañeros y compañeras, sin embargo eso sería posible si construimos un marco válido de integridad institucional que sea previo a la toma del poder político por esta corporación o las venideras.
Creo que no puede ser que en tan poco tiempo muchas y muchos de nosotros estemos tan preocupados y desilusionados respecto a unas promesas de renovación en las que habíamos creído. Opino que la buena política y la buena gestión de lo público no ha de ceñirse a la ocupación de nichos ecológicos de la administración o de la dirección municipal, os exigimos mucho más, queremos que plasméis en la organización esa forma de hacer participativa que se pregona para la ciudadanía y que, para las trabajadoras y trabajadores municipales, está empezando a ser una descripción de otro fracaso de las organizaciones humanas.
Falta de una evaluación del impacto de lo realizado hasta ahora en esta materia, los recursos humanos, en este tiempo no ha hecho público ningún análisis sobre el efecto de las políticas desarrolladas en este ámbito, ni en la identificación de las posibles causas y efectos de esas políticas. Tampoco se han explicado los motivos por los que continúan con una forma de hacer las cosas en materia de personal que no ha cambiado un ápice la estructura y las formas de uso que existían en 2014, y que ahora en 2016 con el actual gobierno se mantienen inalterables.
Aún estamos a tiempo, pero no nos queda todo el tiempo del mundo.
Carmen Castejón Amenedo (Kika)
Delegada de CCOO del Ayuntamiento de Madrid.
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El pasado 9 de febrero pudimos conocer, por su publicación en Ayre, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece el régimen de regalos que reciban el Alcalde, los Miembros de la Junta de Gobierno, los Concejales con responsabilidades de gobierno, los Concejales-Presidentes de los Distritos, los titulares de los órganos directivos y los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, de 5 de noviembre de 2015. De su título y lectura me llama poderosamente la atención la inclusión genérica de los empleados públicos.
Obvio comentar lo delicado que siempre ha sido el asunto de los regalos a los empleados públicos. El triste pasado de una dictadura donde no faltaban funcionarios mal pagados (eso lo eran prácticamente todos) que “complementaban” sueldo con la aceptación de “regalos”, no siempre entregados de manera gustosa, es un fuerte condicionante. No olvidaré jamás la imagen que presencié siendo adolescente cuando, acompañando a mi madre al mercado, asistí a como se acercaba a la pescadería en la que esperábamos nuestro turno un policía municipal de uniforme (y supongo que de servicio) para recoger una merluza de “regalo” y al despotrique posterior de la clientela escandalizada con el policía y comprensiva con la pescadera forzada a regalar.
Los azares de la vida quisieron que acabase trabajando en relación con el comercio como Inspector de Consumo y pronto conocí las aventuras poco edificantes de algunos de mis predecesores de la antigua Ronda de Abastos, entre las que no faltaban historias de comerciantes “agradecidos” que obsequiaban a estos funcionarios de la forma más variada.
En mi actividad profesional he conocido intentos de agradecer mi trabajo con algún obsequio, algunos sinceros como los de consumidores a quienes he informado de sus derechos o atendido en sus reclamaciones y otros más dudosos (cuando no abiertos intentos de compra de voluntades), que afortunadamente se han contado con los dedos de una mano, por parte de comerciantes. He tenido siempre claro que los primeros había que rechazarlos amablemente explicando al ciudadano que el mejor agradecimiento es pagar los impuestos que sustentan nuestros salarios y los segundos rechazarlos menos amablemente y, según el caso, incluso abriendo expediente sancionador.
Me pareció correcto cuando el EBEP estableció, en su artículo 54. 6 (principios de conducta) que “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.
Antes de él y desde entonces no han faltado, desgraciadamente, las historias de responsables políticos y administrativos enfangados por la corrupción, conectados con poderes económicos a los que han facilitado pingües beneficios y que han obtenido “mordidas” de ellos. Por ello, además de luchar contra esa corrupción me parece bien que se refuercen comportamientos éticos de nuestros gobernantes y de quienes desde ostentan posiciones de especial responsabilidad en la administración, que son quienes pueden verse inmersos en esas relaciones sociales y de cortesía, donde es necesario separar el grano de la paja y distinguir el presente protocolario del soborno o la mordida. Pero creo que en esa situación no estamos la inmensa mayoría de los empleados municipales.
Haber limitado el título y ámbito del Acuerdo objeto de estas líneas desde la Alcaldesa hasta los responsables de órganos directivos, dejando fuera los empleados públicos, hubiera sido un mensaje mucho más claro. Todo aquel que tenga por su alta responsabilidad trato con personas o empresas que pudieran conllevar la práctica de esos usos sociales y de cortesía deben tener presente lo dispuesto en el Acuerdo; el resto, simple y llanamente no deben aceptar regalo alguno. Cualquier otra cosa es abrir un amplio espacio a dudas y ambigüedades indeseables ¿Tendría que defender como algo dentro de los usos sociales al funcionario municipal que salió con un jamón bajo el brazo de un taller de reparación de vehículos del distrito, según me denunciaba recientemente (sin pruebas ni detalles alguno y, por tanto, con alto riesgo de ser falso) un colega suyo? ¿Ha de entenderse que entraría en los cánones de lo correcto que yo, Inspector de Consumo en Puente de Vallecas, pudiera recibir de cada comerciante del distrito con quien trato hasta tres regalos al año siempre que el importe de cada uno no supere los 50 euros?
Sinceramente, ni yo ni nadie de mi entorno con quien lo he comentado lo entiende. Algo no se ha hecho bien con este acuerdo, pese a las buenas intenciones que lo inspiran.
Julio Novillo
Inspector de Consumo
JMD del Puente de Vallecas Actualizado (Viernes, 12 de Febrero de 2016 08:52)
Me llamo Kika, trabajo en el Ayuntamiento de Madrid desde hace más de 27 años, empecé como administrativa y ahora soy técnica de gestión grupo A2, hace unos pocos años que puedo decir que trabajo tranquila pero no siempre ha sido así en este Ayuntamiento.
Pertenezco a una buena familia de origen gallego y navarro, tengo ya 58 años. Toda mi vida laboral, salvo alguna chapucilla anterior, la he realizado en el Ayuntamiento de Madrid.
Siempre he compartido mis posibilidades de acción con la gente que me rodea, ayudando a mis compañeras y compañeros a ser un poco más felices en el trabajo, o al menos lo he intentado, ahora soy delegada sindical de CCOO y al mismo tiempo soy presidenta de honor de un club de golf que constituimos entre varios trabajadores del Ayuntamiento en 1997, lo que no creo que resulte contradictorio aunque pudiera parecerlo a simple vista.
Mi carrera laboral ha sido siempre como funcionaria de carrera y está plagada de acontecimientos curiosos, muchas veces bastante malos para qué negarlo: me topé con un Matanzo, concejal del Ayuntamiento cuyas malas dotes se hicieron notar pronto y que no fue excluido de la política municipal hasta hacer mucho daño, así como con jefes y jefas que adolecían de tener una mínima sensibilidad en el trato con las personas. Aun así he intentado no personalizar los hechos y por el contrario me he ocupado de analizar y estudiar desde mi subjetiva perspectiva este fenómeno.
El Ayuntamiento de Madrid, como en general España, tenía una pesada herencia de franquismo y clasismo cultivado socialmente durante años de dictadura política y moral de un régimen del que aún estamos viendo los últimos coletazos que ha remarcado las diferencias entre unos y otros en vez de tratar de limarlas, ya se sabe que aquí hay personas que se consideran de rancia estirpe.
Cuando entré en este Ayuntamiento en 1988, éste era un núcleo rancio y nepotista en el que los puestos de trabajo de la jerarquía administrativa quedaban determinados y fijos como clases sociales o más bien castas de difícil comunicación y acceso de abajo arriba, aunque sí hubo casos que con su esfuerzo o un buen padrinazgo consiguieron ir subiendo en la escala funcionarial.
Me parece que ningún grupo político, respecto a esta concepción antigua de la estructura administrativa, se esmeró en sustituirla por algo distinto, tampoco hay que negar que el poder de las “castas” funcionariales es complicado de sortear y el proceso que sufrimos a partir del año 2003, bañado en tintes de modernidad, no hizo más que abundar en el problema pero con otros collares.
En consecuencia hemos tenido 26 años de gobiernos municipales que sintonizaban con una estructura rígida y de clases y que no han hecho ningún favor a la administración de la “cosa” pública municipal.
Respecto a uno de los temas que más me preocupa el “moobing”, puedo decir que sufrí, en al menos dos ocasiones, situaciones de acoso laboral la primera al principio de mi carrera y la otra más reciente hace unos 6 años que, aunque denuncié esta segunda a mis superiores, como pasa siempre tuve que salir de mi puesto para no caer en una depresión permanente motivada por esa situación; un acoso realizado por una trabajadora-jefa que luego fue ascendida a subdirectora general. Lo superé bastante bien para qué negarlo pero…….por desgracia algo ha removido mis recuerdos.
Ahora mismo soy conocedora de situaciones similares y creo que como sindicato estamos obligados a responder y acudir en la ayuda de las personas afectadas, y sin embargo no podemos, ni siquiera con la normativa en la mano pues sin el apoyo valiente de las personas directamente afectadas o el grupo que rodea a la persona que sufre esa situación, llevar a buen término y resolver una realidad complicada como es el acoso laboral es algo imposible. De hecho el protocolo que existe para este Ayuntamiento no está funcionando.
Me siento muy triste porque se siguen repitiendo fenómenos de intransigencia laboral y clasismo insoportable y rancio, a veces de la mano de personal venido de otras AAPP, otras por personal de toda la vida de esta administración, realmente pienso que si ya teníamos al monstruo dentro como pasó en mi caso, no necesitábamos que nos viniera de fuera.
Ya escribí en este mismo boletín de CCOO un artículo sobre el paradigma de Madrid (Spoil System) y sobre la pena que me producía ver cómo una administración podía ser tomada como botín por un clan de funcionarios, no entiendo la política de clanes respecto a los empleados y empleadas públicas ni los de dentro ni los de fuera.
Creo que es un buen momento para que nuestra actual alcaldesa, a la cual admiro por su coherencia y naturalidad, tome definitivamente las riendas de una administración que ha sido siempre nepotista a nivel funcionarial, y que acometa ese trabajo rompiendo el viejo esquema de colocación de clanes mediante libres designaciones , pero fundamentalmente lo que le ruego es que promueva la creación de una comisión o consejo o como estime mejor denominarlo y, en su caso, dentro de la Gerencia de la Ciudad que pueda dar voz y oídos y sobre todo respuestas a aquellas trabajadoras y trabajadores que sufren en solitario, debido al miedo que se crea en el entorno de los y las déspotas, situaciones de acoso laboral indecentes.
En el Ayuntamiento hay profesionales suficientes para que se pueda constituir un equipo multidisciplinar que trate correctamente estos temas, pues los sindicatos tan sólo podemos dar apoyo a quien lo necesita y asistir a la persona afectada en lo que podamos, sin embargo no tenemos la preparación suficiente para acometer y profundizar en todas las variables que atañen a casos tan delicados y complejos.
Por eso me atrevo a pedirle su apoyo en este asunto directamente relacionado con salud laboral y que creo indispensable para lograr la felicidad y bienestar en el trabajo que a su vez, facilite un mejor servicio público a la ciudad lo que debe ser siempre y en todo caso nuestra primera exigencia.
Gracias por leer esta carta hasta el final.
Actualizado (Lunes, 06 de Junio de 2016 16:30)
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