El pasado jueves se celebró la última reunión sobre el Plan de Movilidad del personal con funciones de oficios y servicios internos en el conjunto de la administración municipal.

Al día siguiente, a las 15 horas, se nos remitió un nuevo texto modificado, y con los  cuadros  de plantilla incompletos,  que a las  organizaciones sindicales presentes en la Mesa nos parece INACEPTABLE.

La realidad  es que, lo que se pretende es contar con una herramienta con la que recortar  derechos  impunemente: cambiar  destinos,  jornadas, horarios, turnos, salarios… de manera forzosa.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha asegurado este martes que aplicará el Plan de Reestructuración de empresas municipales, una vez aprobada la reforma local, para mantener todo el sector público instrumental "que se necesite" y con el criterio de que sea rentable. Así lo ha detallado en el Pleno municipal a la pregunta formulada por el portavoz municipal de UPyD, David Ortega, quien le solicitó información sobre  cuándo piensa el Gobierno local presentar el Plan de Reestructuración de las empresas públicas, tal y como se comprometió en septiembre de 2012. La alcaldesa ha manifestado que mantiene su compromiso de presentar la reforma de las empresas públicas municipales, si bien ha aclarado que el Consistorio esperará a la aprobación de la reforma local para aplicar los criterios establecidos para el sector público instrumental.

El pasado jueves 14 de marzo, los sindicatos de la Mesa General, CCOO, UGT, CSIF y CGT, fuimos convocados a una reunión con la Concejala Dancausa para examinar el momento.

Las respuestas de la Concejala fueron, a modo de resumen:

 Para evitar un pleno de la Junta de Distrito de Moratalaz tan accidentado como el del pasado mes de febrero, la concejala de la demarcación madrileña, Begoña Larraínzar, ha tomado algunas medidas. Recapitulemos: el martes 19 de febrero se reúne la Junta; al hallarse la sede en estado cochambroso, los vocales de los partidos se citan en un edificio anexo; entonces, sin nadie que lo impida, irrumpen decenas de indignados para protestar contra la polémica-estrella del barrio, la designación de Ángel María Carromero como asesor de Larraínzar, a 45.000 eurillos anuales, tras serle concedido el 11 de enero el tercer grado penitenciario, todo ello después de pernoctar apenas diez días en la cárcel de Segovia por el accidente en Cuba (país en el que estuvo recluido entre julio y diciembre y desde donde fue extraditado a España) que segó la vida de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero con Carromero al volante. Desenlace: la edil del PP suspende la Junta.   Difícilmente sucederá algo igual el próximo martes, cuando tendrá lugar la próxima reunión: Larraínzar ha ordenado que se establezca un poco más de seguridad en el lugar. Seguridad que viene a traducirse en: a) control de acceso por escáner para que nadie introduzca objetos susceptibles de altercar el orden (¿pancartas, carteles?) b) cacheo individual c) todo aquel que franquee las barreras anteriores y perturbe la serenidad de la Junta mediante gritos, pitos, palmas o similares, será expulsado.

Al menos 911.500 euros le va a costar al Ayuntamiento de Madrid la reforma del Palacio Municipal de Congresos. El edificio reabrirá el 21 de abril, tras el cambio de la central de incendios, los sensores y detectores de todo el edificio, y la señalización visual y sonora de emergencias. Durante meses, probablemente años, albergó espectáculos, conciertos y ferias incumpliendo la normativa de seguridad. Sólo se cerró después de la tragedia del Madrid Arena, junto con otras instalaciones en idéntica situación.