La Plataforma en Defensa de la Quinta de Torres Arias pide que toda la finca, incluidos sus edificios, revierta a la ciudad como se acordó con la marquesa propietaria del suelo y uno a una institución privada.

“Queremos un instituto, no una universidad privada y que se cumpla lo que firmaron Tierno Galván y la marquesa de Torre Arias para que el parque y los palacios sean para el pueblo de Madrid”. Ésa es la reivindicación de la Plataforma Vecinal Quinta de Torre Arias que quiere que la alcaldesa, Ana Botella, paralice la cesión de los edificios de este parque al Opus Dei para que construya un campus universitario.
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Los vecinos, que se manifestaron este domingo, han presentado alegaciones a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que es su sesión del pasado día 29 de mayo, aprobó el Plan Especial y Ordenación de la finca de Torre Arias. El plan ya ha salido a trámite de información pública. La Plataforma dice que se ha hecho un traje a medida para que el Opus Dei pueda instalar un centro para masters universitarios de su universidad privada.

En las alegaciones que han presentado los vecinos indican que la zona verde y las edificaciones que se quieren ceder forman un todo indiviso y debe tener una gestión 100% pública para el uso y disfrute de los vecinos. En otra de las alegaciones se pide que los edificios (7.000 metros cuadrados) sean destinados a equipaciones del barrio y que no sean entregados a la Universidad de Navarra o a cualquier otra institución privada.

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Los policías municipales están indignados con el traslado de las dependencias policiales centrales de la Policía Municipal a la Casa de Campo. Y no porque no estén a favor de tener unas instalaciones modernas y tecnológicamente avanzadas. Están enfadados porque vuelven a la sede en la que estuvieron hace unos años. No entienden ese ir y volver.

Tras abandonar aquella sede de propiedad municipal, la Jefatura se fue de alquiler a la calle Albarracín (Arturo Soria), mientras que la emisora fue enviada a la calle Rufino Blanco y en la calle Plomo se instalaron otros servicios municipales.

En una reciente comparecencia sobre la materia el portavoz de UDyP, Jaime María de Berenguer, recriminó que se hubieran gastado 50 millones de euros en alquileres en los últimos años teniendo edificios municipales aptos para estos servicios de emergencias.

El Ayuntamiento ahorrará con estas medidas unos 4,4 millones de euros al año y la oposición no entiende cómo si es así no se ha tomado antes esta decisión para ahorrar ese dinero.

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Ante la reiteración de accidentes laborales por caídas y resbalones en ese centro de trabajo la el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda envía un correo electrónico a toda la plantilla informando de las recomendaciones para la utilización de las escaleras fijas.
El texto remitido es propio de unos consejos a estudiantes de Enseñanza primaria, porque para IES, sería inadmisible.
Ante la lectura del correo nos surgen unas dudas que tal vez pudieran aclararnos:
¿Las instrucciones son sólo para bajar escaleras, o quizás también para subirlas? ¿La plantilla debe ser antideslizante y la suela puede ser deslizante? ¿Estas normas afectan a todo tipo de escaleras o sólo a las que están fuera de ordenación? ¿Qué debe hacer alguien cuya talla de pie sea superior al ancho de los peldaños, deberá abstenerse de usar escaleras? Se recomienda zapato plano…¿y minifalda? ¿Se puede hablar mientras se baja o se sube? Y por último, ¿deberemos procurar no caernos?
Exigimos a quienes tienen la responsabilidad de arbitrar las decisiones para evitar accidentes en los centros de trabajo se pongan a trabajar para crear las condiciones adecuadas porque solo con recomendaciones no se solucionan los problemas.
En el día de ayer se reunió el Comité de Seguridad y Salud al que CCOO llevó en el orden del día consulta de la situación en el APOT ante el correo recibido de las recomendaciones de uso de las escaleras. Nos informaron de las actuaciones que tenían previsto acometer, y nos hicieron entrega de una carta de Grupo Rilafe, empresa propietaria del edificio y, por tanto, la que tiene que realizar las actuaciones necesarias; desde CCOO estaremos atentos a que se cumplan estas medidas y comprobar que realmente son eficientes.

Otro golpe contra la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores

El martes 24 de junio, la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente y Movilidad, negó el paso a las instalaciones de Valdebernardo, a dos delegadas de prevención de CCOO, que iban a comprobar la implantación de las medidas preventivas, recogidas en la evaluación de riesgos de dicho centro.

Esto además de atentar contra sus competencias y funciones, tiene varios agravantes: impide realizar el seguimiento de las acciones planificadas, que comprobemos de primera mano los riesgos que ocultan, que los comuniquemos a sus responsables, que propongamos sugerencias de mejora y que demos cumplida información a compañeros y compañeras -muy presionados-, para que sepan cómo protegerse en ese clima laboral estresante y poco participativo.

Los jefes y jefas, quieren que vayamos cuando ellos decidan y que veamos solo lo que les conviene, con una falsa justificación de garantizar nuestra protección y todo ello con el vergonzoso apoyo del presidente (en funciones) del Comité de Seguridad y Salud, muy distante de sus cometidos preventivos.

Pero ni el recorte brutal de horas sindicales consigue detenernos y ya no saben cómo evitar que sigamos denunciando sus métodos autoritarios, su mala organización del trabajo y la penosa gestión del sistema de prevención de riesgos laborales en el Ayto., que precisa urgente fiscalización neutral, porque NO FUNCIONA y así lo percibe la plantilla.  

Dibujo: Chacón Texto Twiter

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dicho hoy que la obligación de tributar por las indemnizaciones por despido -incluida en la reforma fiscal del Gobierno- supone "gravar dos veces a quienes pierden su empleo".

"Además de que pierdes el empleo, te meten un palo fiscal importante", se ha lamentado Toxo tras inaugurar la jornada organizada por el sindicato sobre renta mínima garantizada, ha informado CCOO en un comunicado.
"El Gobierno debería retirar esta medida antes del Consejo de Ministros que apruebe el proyecto que va a enviar a las Cortes", ha afirmado.

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