CCOO-PM lo dijimos en su momento, lo mantuvimos en las reuniones previas a la firma y lo hemos venido reiterando durante el pasado año, el Acuerdo de Puestos No Operativos era nefasto y atentaba contra los compañeros mayores y no nos hemos equivocado, fue un “pasteleo” desde el principio y el resultado se plasma en una resolución del Director de Seguridad de la que algunos hoy se muerden los puños  por verse perjudicados.

El pasado 6 de octubre conocíamos el reparto de plazas que desde la Dirección de Seguridad se hacía de los puestos no operativos, recordemos que se han repartido las plazas ofertadas en segunda convocatoria, la primera era tal fiasco que tuvieron que rectificar porque se habían “olvidado” de un número importante de ellas que afectaban directamente al turno de noche, y de ese reparto lo primero que nos llama la atención es el elevado número de ellas que han quedado desiertas, ¿Qué supone eso?, nosotros lo tenemos claro, los compañeros han preferido, a la fuerza, mantenerse en las calles que solicitar plaza por que sabían que perderían su unidad y con ello la proximidad a su domicilio, esto quizás a los “ilustres caballeros de órdenes hispánicas” no les importe nada, acostumbrados a moverse en coches oficiales, pero para los “curritos” la cercanía al centro de trabajo es algo importante.

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A veces, medio en broma medio en serio, decimos que no sería mala idea grabar las reuniones de las mesas de negociación para que se conociera el contenido de los debates y las posiciones y el trabajo que de manera tan desigual aportamos los diferentes sindicatos.
Ayer jueves, 5 de febrero, se reunió la Comisión Mixta de Consolidación, integrada por la Corporación y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CPPM, CITAM, CGT y CSIT. El objeto era determinar qué categorías ajenas a la Administración Municipal, alegadas por algunos opositores, son equiparables en el desarrollo de sus funciones a las de Oficial Mecánico Conductor del Ayuntamiento. En condiciones de igualdad de funciones desarrolladas, la jurisprudencia determina que la experiencia en el puesto adquirida en otras administraciones ha de ser contabilizada en la fase de concurso del proceso de Consolidación. La cuestión no es baladí, pues son varias las oposiciones que anteriormente en nuestro Ayuntamiento han sido declaradas ilegales por los Tribunales al establecer discriminación por no valorar esta cuestión.
De las 25 categorías profesionales alegadas como equiparables por distintos opositores, NINGUNA de ellas obtuvo el voto favorable de CPPM, CITAM y CGT, que votaron negativamente a todas. Representa una imagen inolvidable, por injustificada e incomprensible, la de una sesión en la que se evidenció tan clara convergencia entre el sindicato de policía, el corporativo de técnicos y el anarcosindicalista, que tendrá dificultad para explicar a su afiliación su repentina apuesta unitaria con los anteriores. De igual manera que la CPPM debería explicar a la plantilla de funcionarios municipales qué hace participando con su voto en cuestiones que no afectan al Cuerpo. Sobre todo un día después de haber defendido que las Bases Generales de Selección de Personal Funcionario no sean aplicables en Policía Municipal, que para lo “suyo” ya están ellos

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“El derecho de manifestación se defiende haciendo manifestaciones. El derecho de reunión se defiende haciendo reuniones. El derecho de huelga se defiende haciendo huelga.”
(Marcelino Camacho, dirigente de CCOO).

En un Estado Social los sindicatos tienen como misión constitucional defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras (art.7 CE), y para ello disponen de libertad sindical (art.28.1 CE), apoyada en la negociación colectiva (art.37.1 CE), el conflicto colectivo (art.37.2 CE) y la huelga (art. 28.2 CE).
En primer lugar, la Reforma Laboral ha supuesto un enorme retroceso de nuestros derechos y libertades. Los datos hablan por sí solos: en 2012 los empresarios inaplicaron 748 convenios (momento en el Botella nos violentó nuestro Convenio); en 2013 fueron 2.512. Ante la rotundidad de los datos, es lógico que hayan aumentado los conflictos y las huelgas. A menos negociación, más conflicto. Por esta razón se ha incrementado la conflictividad laboral: en 2011 fueron 485.054 jornadas no trabajadas por huelga; en 2012 saltaron a 1.290.114 (cifras del Gobierno)
Ante este estado de cosas, es un síntoma de degradación democrática que la respuesta del Estado sea la represión penal, de forma que cerca de 300 sindicalistas estén siendo objeto de procedimientos sancionadores administrativos y penales, imponiendo penas de prisión a personas que carecen de antecedentes penales.

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