El pasado viernes, 9 de enero, concluyó el periodo consultas del ERE, para 127 personas que la empresa Raga quiere llevar a cabo en el parque Madrid Río. Ese mismo día los trabajadores y trabajadoras en asamblea han desconvocado la huelga indefinida, en espera de la decisión final de la empresa. Mientras tanto, CCOO ha denunciado el expediente ante los tribunales.
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 Pese a que Madrid registra desde hace cerca de un mes altos niveles de contaminación, pese a que, en solo una semana del año, dos estaciones de medición han superado ya los límites legales de dióxido de nitrógeno permitidos para todo 2015, pese a la grave afección que esto supone en la salud de la población, el Gobierno municipal sigue sin hacer nada efectivo para evitarlo y ni siquiera informa a la población.
Ecologistas en Acción califica de inmoral, además de ilegal, la falta de actuación del equipo de Ana Botella, contra la que pesa una denuncia por su gestión ante la contaminación del aire y advertencias de la Comisión Europea.
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 Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia contra la alcaldesa Ana Botella y al Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito. No han adoptado las medidas necesarias para garantizar que el aire de Madrid cumpla los límites legales de contaminación. Son, por tanto, responsables, de comisión por omisión, de acuerdo a la denuncia presentada.
El Gobierno municipal tiene el deber de poner en marcha planes eficaces para que la contaminación se sitúe en niveles tolerables lo antes posible. También es responsable de advertir a la ciudadanía cuando se avecina un episodio de alta contaminación. No cumple con sus obligaciones.
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 Los trabajadores protestan contra el ERE anunciado por la nueva empresa concesionaria
Solo hicieron falta 24 horas para que los rumores de despido dejaran de ser rumores. Raga, la empresa que ha sustituido a Urbaser en el mantenimiento de los parques singulares de Madrid, anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) el pasado 2 de diciembre, un día después de hacerse cargo de la concesión municipal de Madrid Río. De momento, la empresa se ha negado a subrogar los contratos de 12 de los 254 jardineros que componen la plantilla, lo que, según el responsable de jardinería de CC OO, Cándido Rodríguez, “es peor que el despido”. “Se quedan en un limbo jurídico, sin cobrar el paro porque legalmente la antigua compañía no los ha echado”. Por ello, el comité de empresa, integrado por CC OO y UGT, ha convocado una huelga indefinida partir del próximo día 15.
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 Los gestores de la finca, cedida a la ciudad, arrancan los árboles para moverlos 30 metros
“Como un elefante en una cacharrería”. Esa es la expresión que utilizan los jardineros de la Quinta de Torre Arias para definir cómo se está llevando a cabo el traslado de 36 cedros, de 40 años de edad, dentro de la finca histórica. El terreno de casi 19 hectáreas, cedido al Ayuntamiento por la condesa de Torre Arias, está siendo adecentado para ser abierto al público. Como parte de esta rehabilitación, se están intentando recuperar las huertas de frutales sobre las que en 1975 se plantaron los cedros del Himalaya. Los expertos aseguran que la operación para desplazarlos 30 metros, realizada por una empresa privada, ha destrozado las raíces de los árboles y arrasado el mantillo. “Esto ha sido condenarlos a muerte y estropear la tierra”, asegura un jardinero.
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 Con el cambio de empresa se destapó la falta de control. Nada menos que 70 camiones de la basura, según calculan los trabajadores, de una flota total de 239 están para chatarra o con graves deficiencias y no para prestar servicio como era obligación por contrato. FCC, que durante setenta años se ha encargado de estas labores en la capital, deja en herencia una serie de flagrantes incumplimientos sin que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho nada por evitarlo.
“La falta de vigilancia, apunta la portavoz municipal de Medio Ambiente de IU que ha llevado este asunto a la Comisión Informativa del Área, ha sido escandalosa; se lo dijimos ya y no nos hicieron caso y ahora aquí están las pruebas; FCC usaba vehículos de centro para cubrir servicios en la periferia y viceversa pese a estar prohibido por contrato y simplemente lo hacía porque no tenía camiones suficientes y nadie del equipo de gobierno se molestó o quiso comprobarlo”. “Si no es así, añadió, que alguien nos explique por qué setenta camiones aproximadamente están destrozados”.
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