Sindicatos y patronal firman el "II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014CCOO, UGT, CEOE y CEPYME han firmado el "II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014", en un acto en el que han reivindicado el diálogo social y han hecho hincapié en su necesidad dada la situación difícil, susceptible de empeorar, en la que nos encontramos. "Los más de cinco millones de parados exigen un esfuerzo como el que supone este acuerdo", ha destacado el secretario general de CCOO.
Tras la firma, Toxo afirmó que "el acuerdo se ha producido tras cuatro años de crisis, y en una situación que apunta nuevos elementos negativos", y con él se trata de "anticipar el ciclo del empleo al ciclo económico". Para Toxo se trata de un acuerdo casi único en el ámbito de la Unión Europea que pone en valor el diálogo social. Según el secretario general de CCOO, se ha conseguido un "equilibrio entre el interés de la empresa y los derechos de los trabajadores", y en concreto ha aseverado que "se trata de un acuerdo de equilibrios, en el que se arbitra la flexibilidad interna como alternativa al despido como única respuesta de la empresa ante una situación de crisis". "Sólo con austeridad no vamos a salir de la crisis", señaló Toxo, que defendió la firma del acuerdo como "una contribución al reparto equilibrado de las cargas para salir de la crisis". No obstante, destacó también que debe ir acompañado de la reinversión del excedente empresarial y el control de los precios. Documento "II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014" Escribir un comentario
Los sindicatos presentan recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ValencianaCCOO, CSI.F, INTERSINDICAL, UGT Y CEMSATSE presentaron el 25 de enero, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un recurso contencioso administrativo especial de amparo judicial de los derechos fundamentales contra el acto de aprobación de una serie de medidas urgentes para la reducción del déficit en esta comunidad, realizadas por el consell.
Asimismo, y como medida cautelar se ha pedido la suspensión del Decreto-ley 1/2012 de 5 de enero del consell. Recordar que las medidas que el consell ha llevado a cabo afectan al empleo, a la jornada laboral y a las retribuciones de las empleadas y empleados públicos, con un coste cifrado por el propio conseller Vela en 271 millones de euros. Destacan, entre éstas, la reducción de jornada de un 25% a aplicar a buena parte del personal temporal e interino -con la correspondiente reducción de salario-, así como el recorte de la carrera y el desarrollo profesional sanitario y de los sexenios del personal docente en un 50%. También se ha aplicado la suspensión del plan de pensiones y la supresión del complemento de incapacidad temporal. Los vecinos rechazan la propuesta de bibliotecarios voluntarios(Fuernte: El País.com 26 enero de 2012) Izquierda Unida considera la idea "una tomadura de pelo". Ana Botella amplía el voluntariado a otras instalaciones municipales(Fuente: Cadena Ser. 27 de enero 2012) En pleno escenario de recortes, la alcaldesa de Madrid propone que sean voluntarios (personas que trabajen gratis) quienes trabajen en determinadas instalaciones municipales El anterior bus turístico pudo suponer “menoscabo de fondos públicos”(Fuente: El País.com - 24 enero 2012)
El Tribunal de Cuentas considera que se podría haber producido “un menoscabo en el erario municipal” en el anterior contrato de concesión del autobús turístico de Madrid, que durante 10 años gestionó la UTE Madrid Visión. En un auto firmado el 18 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Tribunal considera que “de la documentación obrante” en las diligencias preliminares podrían deducirse “unas supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Madrid”. Lejos de ordenar el archivo del caso, como le pedía el Consistorio, el auto concluye que “se hace precisa una completa labor investigadora para aclarar los hechos”.
Fue una denuncia del grupo municipal de IU, presentada en septiembre pasado, la que puso en marcha la investigación del Tribunal de Cuentas. La formación solicitó a este organismo que fiscalizara las cuentas de la concesión, ya que consideraba que se habían producido “irregularidades” que habían hecho perder a las arcas públicas casi dos millones de euros. “Esta decisión confirma que teníamos razón cuando hicimos la denuncia política. Entonces el Ayuntamiento lo negó, pero ahora tendrá que demostrarlo”, asegura la portavoz de IU en el Área de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Raquel López. |
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