Otro edificio, patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y, por tanto, patrimonio de la ciudadanía, se vende para que la EMVS pueda hacer caja. Y también de nuevo nos tememos que el comprador aproveche la bicoca conseguida para obtener posteriores pingües beneficios en tanto los madrileños y madrileñas perdemos otro inmueble del patrimonio municipal, en este caso un edificio del S.XVIII en pleno centro de Madrid.
La historia de este edificio en la EMVS data de 1992 y desde entonces se han redactado diferentes proyectos de rehabilitación y sus consiguientes licencias municipales, tanto para mantenerlo como viviendas como para convertirlo en Centro Dotacional, opción que en su momento fue rechazada por la entonces Concejala de Servicios Sociales, Ana Botella, ignorando las negociaciones llevadas a cabo con los agentes sociales del distrito y hurtando al barrio de una dotación social inexistente y necesaria.
La desidia –o en el mejor de los casos, indecisión- del Ayuntamiento para abordar la rehabilitación del edificio ha supuesto una elevadísima inversión municipal durante más de 20 años en trámites, proyectos, mantenimiento… que ahora se malgasta con la venta del edificio.

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El edificio de Corredera Baja es un caso más de las consecuencias del Plan de Ajuste Municipal, por el que se han dejado de construir viviendas sociales en el Municipio de Madrid, y del Plan de Viabilidad al que, por igual motivo, está sometida la EMVS, obligada a tener unos beneficios, para lo que ha considerado que la venta del patrimonio es una vía para conseguirlos y que pone en peligro la continuidad de esta empresa municipal.
Desde CCOO se viene denunciando esta venta del patrimonio municipal que se realiza bajo diferentes formas, entre otras la venta de edificios de viviendas sociales en alquiler a fondos de inversión que ya están creando la indefensión (siempre negada por la EMVS) a esos inquilinos que optaron por una vivienda municipal y que ahora se encuentran con un casero  que no tiene en sus planes el objetivo social de esas viviendas. Hasta ahora se han vendido de esta forma 18 edificios que suponen, aproximadamente, 1.850 viviendas que han pasado a manos privadas.
La sangría a la que está sometido el patrimonio municipal de viviendas podría pararse con una política real de vivienda social en Madrid, que supondría una muy necesaria inversión pública, y que significaría un verdadero interés desde el Ayuntamiento de facilitar a la ciudadanía el derecho que la Constitución consagra en su Art. 47, cosa que en la actualidad –tal como anunció la alcaldesa Botella ya en 2012- han dejado en manos de los bancos y los fondos privados de inversión.