El 16 de septiembre se celebró en el Sindicato Provincial de Cádiz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, asamblea de delegados y delegadas del sector de la Administración Local, a la que asistieron medio centenar de personas representando a las secciones sindicales de los distintos Ayuntamientos de la provincia.

Esta asamblea viene enmarcada en la campaña de movilizaciones que está realizando el Sector de Administración Local de CCOO, para la defensa de los servicios públicos y el empleo en los ayuntamientos y demás administraciones locales. 

Asistieron el secretario de Acción Sindical de la Federación Agustín Cruz, el responsable de Políticas Intersectoriales de la Federación, Diego Alcaín y el coordinador del Sector de Administración Local, Julio Soriano, quienes aprovecharon su presencia en Cádiz para reivindicar, en rueda de prensa, la necesidad de unos servicios públicos de calidad y de una financiación estable y justa para los ayuntamientos, que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo y el pago de los salarios a las empleadas y empleados públicos. 

En este acto se presentó la campaña de movilizaciones que tendrán su punto álgido en Sevilla el día 1 de octubre, en una manifestación conjunta con UGT y que pretende reunir a más de diez mil personas para exigir que la crisis en las administraciones locales no la pague la ciudadanía con el recorte de sus derechos sociales ni los empleados públicos con sus salarios o con su puesto de trabajo.

A los Ayuntamientos y Diputaciones españoles, atenazados por la crisis económica, ya muy endeudados con los bancos y con sus proveedores, les toca empezar a pagar ahora -a plazos- otra deuda de 5.900 millones de euros que tienen con el Gobierno central: ese es el dinero de más que Hacienda les adelantó, a cuenta de la recaudación de 2008 y 2009 y que nunca recaudó. Eran anticipos de algo que el Estado no llegó a ingresar, y ahora los Ayuntamientos tienen que devolverlos. El pasado enero empezaron a pagar lo que deben de 2008 (1.513 millones) y el año próximo empezarán con la deuda de 2009 (4.378 millones).

Los Ayuntamientos demandan más tiempo para pagar, algunos de ellos han solicitado que el pago se extienda a 10 años en lugar de a 5 años; sin embargo, no todos los Ayuntamientos anuncian bajada de impuestos y tasas, caso del Ayuntamiento de Madrid, según palabras del Concejal de Hacienda Juan Bravo en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón:

"Los Ayuntamientos y las Diputaciones tenemos que ser coherentes. No podemos estar pidiendo al Gobierno que  nos aplace el pago de la deuda y, a la vez, anunciar bajadas de impuestos o supresión de tasas. No es el momento de bajar ningún impuesto. Y eso debería valer también para las comunidades".