Quedan excluidos las empleadas y empleados públicos que ocupen puestos de trabajo en oficinas de registro, atención e información al ciudadano, así como todos aquéllos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales. Igualmente quedan excluidos quienes ocupen puestos de trabajo que lleven aparejadas funciones de dirección, coordinación o supervisión, iguales o superiores a jefes de servicio, y las secretarías de altos cargos.

Existen también una serie de criterios preferentes de autorización, siempre que haya varios personas que deseen teletrabajar y pertenezcan a la misma unidad de trabajo y, por cuestiones de organización administrativa no fuera viable, otorgar dicha modalidad de trabajo a todos (tener a su cargo mayores de 65 años dependientes o menores de 12 años, victimas de violencia de género, tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo o la dificultad para acceder a un servicio o transporte público).

Se podrá denegar la solicitud, pero siempre por causas debidamente justificadas. El decreto de teletrabajo entrará en vigor en el plazo de dos meses al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.