La Comisión del Pacto de Toledo ha propuesto que se estudien medidas para que las amas de casa lleguen a cobrar pensión de jubilación. El informe habla de reconocimiento de periodos cotizados por cuidado de hijos y dependientes, así como de establecer incentivos fiscales, que no concretan, para que coticen los matrimonios con régimen de gananciales. Todo muy vago aún pero muy preocupante, porque supone profundizar una vía ya iniciada hacia la consolidación de la división sexual del trabajo que las mujeres españolas habíamos soñado con desafiar. Pensábamos: puesto que nos hemos incorporado a la educación con inmejorables resultados, ¡queremos nuestros empleos y nuestras pensiones por derecho propio!

Aún más, ahora que hemos demostrado nuestra valía para cualquier profesión, y la valía de los hombres para cualquier actividad doméstica, ¡queremos repartir al 50% todas las tareas! ¿No es posible? ¿Por qué no? ¿Se han planteado siquiera la pregunta los diputados y las diputadas de la Comisión del Pacto de Toledo?

Dirán que no es posible porque nosotras elegimos ser amas de casa, pero nadie se cree ya que las chicas que terminan sus estudios optan masivamente por esa vocación. Al contrario, para jóvenes menores de 30 años, la tasa de actividad femenina es prácticamente igual a la masculina. De hecho, muchas retrasan la decisión del primer hijo buscando estabilidad en el empleo; la bajísima tasa de fecundidad española es una muestra de que las mujeres no están dispuestas a optar por la maternidad sacrificando su profesión. Pero lo que no se dice es que las pocas que se deciden a tener hijos se encuentran, además de sin servicios públicos de educación infantil accesibles, con maridos que no comparten, con empresarios que les penalizan y con importantes incentivos económicos a las familias para que ellas abandonen definitivamente sus empleos. Ahí está la desgravación por declaración conjunta de los matrimonios en el IRPF, una ayudita si ella se queda en casa que se une a los permisos de maternidad cada vez más largos (y mucho más largos que los de paternidad), a los cuales suceden excedencias con reconocimiento de cotizaciones (aunque, nótese: ¡solamente durante un periodo y nunca para el desempleo!).

Ayuditas y promesas: el régimen matrimonial de gananciales ya les promete que todo será de los dos al 50%. Además, ella no debe preocuparse, porque con las cotizaciones de él tendrán una pensión de jubilación y, si pasara lo peor, ella quedaría con la de viudedad. Como parece que todo esto no está siendo suficiente, ahora se les promete una pensión de jubilación (que la Comisión del Pacto de Toledo llama ‘propia’) por sus trabajos de ama de casa; nadie le advierte que la pensión de viudedad se pierde en caso de divorcio; que la liquidación de gananciales es un infierno en muchas ocasiones; que los periodos reconocidos probablemente no les den para llegar a los 20 años de cotización que establecerá la nueva reforma de las pensiones; y que, si acaso llega a los 20 años, le quedará la pensión mínima porque las bases de cotización serán bajas y porque por ese camino no alcanzará los años necesarios para tener pensión completa.

La Comisión del Pacto de Toledo, que en el informe citado reclama la “real equiparación de salarios entre hombres y mujeres”, debe de saber que reintegrarse a un empleo de calidad a partir de los 40 años después de un periodo largo de ausencia es casi imposible, aparte de que el coste de oportunidad ya no se recupera; y hoy en día queda mucho por vivir a partir de los 40 años, con maridos e hijos/as o sin ellos/as.

Si los incentivos siguen aumentando y prosperando, es posible que el gobierno de turno se quite de encima a unas cuantas buscadoras de empleo de esas que empañan las estadísticas del paro. Pero, ¿es bueno para el país? Paradójicamente, un efecto constatado, y obvio, de estas figuras desincentivadoras del empleo formal es el de potenciar la economía sumergida, enemigo principal del Pacto de Toledo. En efecto, en su declaración programática, el Pacto llama a ‘incentivar el trabajo regular y luchar contra la economía sumergida, permitiendo que aflore el empleo oculto existente en la actualidad’; y por ello propone que las bases de cotización se acerquen a los salarios reales y que se penalicen los huecos de cotización. ¿Soñarán con que se apliquen estas reglas para ‘todo el mundo’ excepto para el 50% de la población?

Parece como si no se hubieran dado cuenta de que su imposible excepcionalidad se refiere justamente a la mitad más importante de la regla, porque son las mujeres las que tienen más huecos y las que están más afectadas por ese empleo sin derechos.


Fuente: María Pazos. Consejo Científico de ATTAC España. Enero 2011.