Fuente: El País.com 28-10-2011

El nuevo marco normativo aprobado por el Ayuntamiento tras el 'caso Guateque' queda en manos del Supremo tras ocho sentencias anulatorias del TSJM

Ocho recursos judiciales se han interpuesto contra la ordenanza que regula la gestión y el control de las licencias urbanísticas, y los ocho los ha perdido el Ayuntamiento de Madrid. El último de ellos, hace unos días, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló gran parte de la norma aprobada por el Pleno municipal el 29 de junio de 2009 a instancias del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. La decisión última queda ahora en manos del Tribunal Supremo, ante el que ha recurrido el Ayuntamiento.

Como en las anteriores sentencias, el TSJM considera que el Gobierno local carece de "cobertura legal suficiente", dado que la competencia para la homologación y registro de las entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) corresponde a la Comunidad (que interpuso uno de los recursos).

Tras el caso Guateque, el mayor escándalo de corrupción reciente en el Ayuntamiento de Madrid, que afectó al proceso de concesión de licencias, el Gobierno local delegó la gestión de estos permisos en empresas privadas, las mencionadas ECLU (hasta el momento se han registrado 27). El Gobierno local defiende que el nuevo sistema ha reducido considerablemente los tiempos (de más de un año a menos de un mes, asegura) y costes de gestión, aunque el PSM ha denunciado que estos últimos se han llegado incluso a triplicar.

Además, el TSJM cree que el artículo 34 de la ordenanza (que regula las inspecciones técnicas) "choca abiertamente" con el artículo 18.2 de la Constitución (que garantiza que "el domicilio es inviolable"), "pues obliga al titular de la actividad a autorizar a otro particular [un inspector] el acceso a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas". A este respecto, según el concejal de Hacienda, Juan Bravo, el Gobierno municipal alegará en su recurso al Supremo que la inspección se hace con consentimiento del usuario, como las revisiones del gas.

Por último, la sentencia asegura que la norma crea "indefensión" al obligar a reclamar ante la ECLU si se deniega el certificado previo al trámite de la licencia, lo que "puede dilatar en el tiempo notablemente la concesión" de esta. Según Bravo, la ordenanza garantiza de forma "insoslayable" una "tutela judicial adecuada, sin merma alguna para los derechos del ciudadano".

El Ayuntamiento ha recurrido todas las sentencias anteriores, y hará lo mismo con esta última, la semana que viene, por lo que la decisión final queda ahora en manos del Tribunal Supremo. Bravo ha precisado que los argumentos jurídicos son "débiles", y, aun en el caso de que los magistrados obligaran finalmente a modificar la ordenanza, las licencias concedidas seguirían siendo válidas. A ese respecto, el portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, señaló jocoso: "Esas licencias serían más sospechosas que un contrato fijo en este país".