La ley 30/2015 de Formación Profesional para el Empleo y las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional consagran la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema de formación.

El Ministerio de Empleo justifica la exclusión de los interlocutores sociales en el órgano colegiado que informa las subvenciones de formación es para “evitar conflictos de intereses, y se ampara en un informe del Tribunal de Cuentas del año 2010, que se basa en una normativa que ya no está en vigor. Sin embargo, desde 2015, los únicos beneficiarios de las ayudas para impartir cursos son los centros y entidades de formación y, por lo tanto, es obvio que no se produce dicho conflicto...
Para CCOO, la salida de sindicatos y organizaciones empresariales significaría un menosprecio a la participación de los interlocutores sociales establecida en la Ley 30/2015 de Formación Profesional para el Empleo y una bofetada al amplio consenso que se logro en el Parlamento en la aprobación de la citada ley.

El Gobierno en funciones está todavía a tiempo de enmendar lo que sería una decisión arbitraria que entorpecería el diálogo social. Para ello, debería aprobar en el próximo Consejo de Ministros la propuesta de convocatoria de ayudas que contó con el voto favorable de la Administración General del Estado, las Organizaciones Sindicales y Empresariales y la mayoría de Comunidades autónomas en el Patronato celebrado en la Fundación Estatal el pasado mes de Mayo.

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