El sector de Policía Municipal de CCOO cree que hay que analizar tres claves para entender lo que ha ocurrido en la C/Amparo, y lo que puede venir.

El sector de Policía Municipal de CCOO del Ayuntamiento de Madrid cree que “los árboles impiden ver el bosque” a la delegada del gobierno y a la alcaldesa de Madrid, que persiste en su teoría de la conspiración vecinal y organizativa para distraer la atención de la raíz del problema que CCOO identifica en tres claves:
Falta de planificación del servicio del Rastro por parte de la Dirección.
Es inaceptable que una escala técnica engordada hasta decir basta, con decenas de subinspectores, jefes de subinspección, Jefes adjuntos, todos puestos a dedo, a la que se suma una legión de altos cargos en el Área de Seguridad, sigan sin ser capaces de planificar ni proveer en el Rastro un servicio en condiciones óptimas de seguridad, personal, y medios y que observe otras variables y otras dinámicas policiales adaptadas al Barrio y al servicio. La intervención policial se produce en el marco del servicio del Rastro, un servicio que desde 2005 a 2012 ha visto reducido peligrosamente el número de agentes que prestan servicio en más del 50%, llegando a tocar fondo en 2011 donde no llegaban a ser más de 32 los efectivos, lo que provocó que se dispararan delitos como hurtos, robos, agresiones, y la queja de los comerciantes.
Falta de medios y personal
El incumplimiento de empleo en policía municipal de 1500 agentes que prometió Gallardón, y las políticas de recorte, tienen como resultado una falta de personal que pone en compromiso la propia seguridad de los policías en el servicio de Rastro: un 50% por ciento menos de policías uniformados; de 15 agentes de paisano pasan a 6, de tener un transmisor por cada agente, se ha pasado a uno por cada dos, y por si fuera poco, el canal por el que se comunican los policías de paisano carece de operador/a que coordine, lo que resta tiempo de respuesta, sobre todo en caso de una emergencia grave como la del día 27 de mayo, en la que los policías podrían haber sido linchados. La seguridad es un derecho de la ciudadanía que ha de planificarse con medios y plantilla.
La necesidad de modular otra intervención policial con otras políticas municipales
A nadie se le escapa que Lavapiés es un barrio donde confluyen diversas culturas y etnias, y donde no falta, como en muchos barrios de Madrid, situaciones de conflictividad, delincuencia, marginación, sin que esto sea un filtro para no reconocer la riqueza de convivencia que allí existe, esto lo saben perfectamente los policías que trabajan en Lavapiés y en el distrito Centro, como también saben de sobra, aunque no lo tengan en cuenta ni Cristina Cifuentes ni Ana Botella, que una parte muy numerosa de esta población senegalesa que hoy se busca la vida con la venta ambulante ilegal, se dedicaba hasta ayer mismo a trabajar como encofradores y otros trabajos contratados en las obras de la M-30.
Hoy muchos de éstos son personas no solo paradas, sino con sus permisos de trabajo y residencia caducados por el desempleo: sin papeles sobrevenidos.
Esta realidad social, respondida con la mera operativa policial, lo sabemos, convergerá obligatoriamente en constantes conflictos en Lavapiés, cuyo desarrollo, presumiblemente, irá in crescendo, en tanto en cuanto se trata de situaciones en conflicto que parten de la necesidad material de subsistencia de unos, frente al celo de hacer valer ordenanzas y leyes por parte de los otros, sin existir, en esta furia desenfrenada de recortes sociales, medidas intermedias de amortiguación. No pueden permanecer los policías ajenos e impasibles al tiempo en que viven, y ante la progresiva desintegración, y sustitución de la justicia social por la respuesta policial, sin más paliativos, porque esto sólo va a devenir en conflicto y enfrentamiento.
Tampoco se puede sustituir la seguridad ciudadana por una dirección por objetivos, para cumplir con una determinada productividad política. Muy al contrario, en tiempos de deprivación social, paro masivo, aumento de la pobreza, se ha de dar un análisis de la realidad, e impulsar políticas alternativas que minimicen el brutal impacto que se está produciendo. No pueden, las plantillas de policías municipales, permitir que se les enfrente como primera ratio a los conflictos que deben reducirse mediante políticas distributivas, sociales y justas.
Si C. Cifuentes y A. Botella no analizan de otro modo esta realidad social, y no se emprenden medidas de la administración para dar salida a esta situación sin tener que meter presión a la olla con tolerancia cero, y exploran salidas con la misma generosidad con que se ha planteado los vergonzosos indultos para las grandes fortunas de dinero en negro, pronto lo sufrirán los propios patrulleros en las calles como testigos enfrentados en primera línea.