Con la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, parecía que se acababa con la polémica sobre el aborto que tuvo lugar a finales de 2008 con la puesta en marcha de la subcomisión para realizar un estudio sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

 
Begoña Marugán Pintos.- Socióloga y adjunta a la Secretaría de la Mujer de FSC-CCOO

La subcomisión solo pretendía ser una respuesta a los cambios sociales y a la evolución de los derechos de las mujeres que se habían producido durante las dos décadas que llevaba aplicándose la Ley Orgánica 9/1985, de despenalización del aborto en determinados supuestos.

La Ley 9/1985 estaba lejos de cumplir con las recomendaciones de la ONU y la OMS en materia de derechos de salud sexual y reproductiva y debía atender la Recomendación 1607, aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, que instaba a los Estados miembros a "despenalizar el aborto, si no se había hecho ya" y a "garantizar a las mujeres el efectivo ejercicio de su derecho a acceder a un aborto legal y seguro". La Ley de aborto del años 85, salvo en los tres supuestos excepcionales, seguía sin reconocer el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones. Sin embargo, la puesta en marcha de la Subcomisión de estudio reabrió viejos conflictos y generó tensiones sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

La Iglesia publicitó una famosa Carta de los Obispos y diferentes profesionales ligados a la Federación Española de Asociaciones Provida convocaron la Marcha por la Vida el domingo 29 de marzo en Madrid. Frente a esta tendencia, más de sesenta organizaciones feministas y sociales, bajo el lema "aborto libre y gratuito", organizaron la manifestación del 14 de mayo, en la que se denunciaba que en el Anteproyecto de Ley se mantuviera el aborto como delito. Tampoco estaban de acuerdo con el plazo de 14 semanas para el aborto voluntario, porque lo consideran un periodo claramente insuficiente ya que miles de embarazos no deseados no se detectan o se reconocen hasta pasado ese plazo, ni de que se retirara la protección de la que gozaban las mujeres embarazadas en grave riesgo para su salud, a las que se impediría interrumpir su embarazo a partir de la semana 22.

La polémica pública perdió todos estos matices y se centró en la posibilidad de las menores a decidir sin la autorización paterna y el Gobierno del PSOE, a través de la ministra de Igualdad, trató de mediar "sin entrar en debates que ya tuvieron lugar hace un cuarto de siglo". La reforma fue finalmente aprobada por mayoría absoluta y siguió su tramitación hasta su posterior aprobación. La Ley finalmente entró en vigor el 5 de julio de 2010.

Aunque algunos miembros de otros partidos como Coalición Canaria, UPN, UPyD y siete diputados de Ciu se opusieron, el Partido Popular fue el único que se opuso a la aprobación de la nueva ley. Este partido siempre tuvo una actitud muy crítica con la ley. Ya en la propia subcomisión para realizar el estudio sobre la aplicación de la legislación valoró esta ley de plazos como una "auténtica barbaridad" y anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional de ser aprobada.

El 30 de junio de 2010, el Pleno del Tribunal Constitucional señala en una providencia que admite a trámite el recurso promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso. Entre los artículos recurridos por inconstitucionales figura el 5.1.e)- "la educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva"- y el 8 -"la formación de profesionales de la salud se abordará con perspectiva de género". Pero el PP no sólo proponía cambiar la ley. En septiembre de 2011, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, lanzaba la idea de volver a la píldora del día después con receta.

Y ahora que ya están en el Gobierno…

Una vez en el Gobierno, las reacciones no se han hecho esperar. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en su primera comparecencia parlamentaria, en enero de 2012, anunció su intención de reformar la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, para volver al modelo de la ley de 1985, en la que las mujeres tenían que alegar motivos para justificar su decisión. De modo que, nuevamente, sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres podrán decidir cualquiera menos ellas.

Y en este caso parece que la decisión la pretende tomar Alberto Ruiz-Gallardón, un hombre del que incluso su padre en una entrevista dijo eso de "¡Yo un hombre de derechas! Tendría que conocer a mi hijo Alberto. El sí es de derechas", que ha venido desplegado toda una apología de la ideología de la domesticidad.

Esta ideología de la domesticidad consiste en una idealización y promoción de lo doméstico como ámbito de realización y desarrollo femenino ajeno al resto de ámbitos y con una cultura propia. Esa ideología de la domesticidad se transmite, tanto a través de declaraciones como las del ministro del Justicia -"La maternidad libre hace a las mujeres auténticamente mujeres"- como en las medidas socio laborales que adoptan, en las que se ve la clara intención de volver a meter a las mujeres en casa. Por ejemplo, en las Medidas del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2011, se retrasaba la implantación del permiso de paternidad de 4 semanas y se establecía una moratoria de 1 años en la incorporación de las personas beneficiarias al sistema de dependencia moderada o en el Real Decreto el 3/2012, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que se introdujeron modificaciones en materia de conciliación de la vida laboral y familiar y se concedió a la empresa la disponibilidad de un margen de distribución irregular de la jornada de un 5% a falta de otra previsión en el convenio colectivo. Por no mencionar aquellas que no hace públicas como el recorte de 1.300 millones de euros a la Ley de Dependencia, que figura en página web del Ministerio de Economía para inversores extranjeros, con lo que desactiva el sistema de atención a la dependencia.

Y, mientras todo esto sucede, hay que escuchar que es "éticamente inconcebible" permitir el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación, o que la discapacidad no puede suponer una "merma de derechos".

A la propaganda ideológica, las medidas socio laborales y el cinismo les acompañan otras como el elevado incremento de las tasas de escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. Además, se limitan los servicios a la dependencia y se privatizan los servicios públicos.

Este mismo Gobierno que está reduciendo la sanidad y la educación pública y la atención a la dependencia, diseñando medidas que van a acabar con todo, también está dispuesto, en su escalada de imposiciones ideológicas, a imponer a toda la sociedad española una moral determinada antes incluso de esperar a que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre el recurso de inconstitucional por él planteado. ¿Cómo se puede hablar de traer niños con malformaciones a un mundo que están dejando sin recursos y sin servicios sociales, sanitarios y asistenciales? Como manifiesta la Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO "Gallardón y el gobierno del PP quieren centrar el debate en los supuestos derechos de los embriones para reforzar el modelo de familia tradicional, mientras niegan derechos básicos a las personas, en especial a las mujeres".

Autoritarismo y doble moral

Por no hablar de la doble moral que utiliza la derecha, que trata de imponer su moral a todo el mundo, y seguir ellos actuando según sus propios intereses. No debemos olvidar cómo personas de partidos políticos de derechas criticaron y juzgaron la Ley del divorcio y luego la han utilizado sin ningún problema. De igual manera, han utilizado, porque así lo han reconocido, su derecho a abortar en los supuestos que marcaba la Ley 9/1985 de despenalización del aborto, e incluso han viajado al extranjero cuando ha hecho falta.

Pero esto de la imposición es una actitud histórica de la derecha. Estaría bien que el ministro de Justicia supiera que un aborto no es algo que se realice de forma frívola e irreflexiva. Se trata de una decisión muy sopesada y que responden a realidades personales, sociales y económica concretas de las mujeres que deciden abortar. Leo en internet la carta de Carmen, una persona con discapacidad indignada por la ligereza con la que el ministro trata un tema como las complicaciones o malformaciones en los embarazos, que se plantea ¿quién más allá de la madre y el núcleo familiar puede decidir si traer al mundo a una persona que necesite de tanta dedicación? Señor ministro, señores y señoras de la derecha, en la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, como su propio nombre dice, el aborto es voluntario, es decir, no obliga a nadie a abortar, solo plantea un marco normativo que hace posible su adopción con garantías sanitarias para que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado puedan hacerlo.

La falta de respeto a las decisiones de las mujeres, la doble moral, la ligereza al hablar de las complicaciones o malformaciones en los embarazos, la destrucción de los servicios públicos básicos y el autoritarismo a mí, personalmente, siempre me han parecido "éticamente inconcebibles.