Los Responsables de Recursos Humanos, contestando a los sindicatos, afirman no poder hacer nada con respecto a la jornada de verano pues deben cumplir la Ley... Lo hacen, eso sí, reconociendo en la carta que remitió Fernando Bermejo a la Directora de Función Pública del Ministerio que, con respecto a la jornada de verano, hay administraciones que han desarrollado textos “sin prever en dichas regulaciones mecanismo ninguno de recuperación de las horas realizadas, de menos, en verano.” Al menos reconoce que no mentimos.

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Estas actuaciones, incluyendo el intercambio epistolar con el Ministerio con motivo de la jornada de verano, sólo buscan ofrecer una falsa apariencia de obligado respeto a la legalidad. Pretenden ser coartada para justificar los recortes del Partido Popular.

En primer lugar, porque CCOO no sólo ha empleado el agravio sobre jornada para señalar que en este país “el que hizo la ley, hizo la trampa”, sino que hemos propuesto una negociación, sobre la que insistimos, como la que ha tenido lugar en el Área de Seguridad. ¿Acaso los acuerdos allí alcanzados son ilegales? Cuando CCOO realizó la propuesta, el Equipo de Personal presente insinuó que la “Formación On-Line” contemplada en esos acuerdos no se iba a llevar a cabo. Y sin el menor atisbo de que obligarían a cumplir la legalidad. Desde el año pasado los cursos se están impartiendo. Como queda patente, no hace falta ni escribir al Ministerio ni viajar fuera del Ayuntamiento para constatar la discriminación a la que se somete a la mayoría de la plantilla.

En segundo lugar, emplear el argumento de que el Ayuntamiento viene obligado a recurrir todas las sentencias, para negarse a cumplir las favorables a nuestras demandas (parte devengada de la paga 2012 y “canosos”), es manosear el principio de defensa del interés público. ¿Acaso dispone el Ayuntamiento de nuevos argumentos para modificar la sustancia de las sentencias, esto es, el respeto al principio de no retroactividad de las leyes? (art. 9.3 de la Constitución) Si no es así, CCOO afirma que la mejor defensa del interés público consiste en pagar ya, devolver los “canosos” generados antes del decreto 20/2012, y ahorrarnos el coste de inútiles recursos que despilfarran dinero público.

En tercer lugar, no se debe alegar tener las manos atadas por la Ley cuando el autor de la Ley es uno mismo. Eso es lo que ha hecho Dancausa, crear un marco legal, el Plan de Ajuste, que sirve de excusa para recortar nuestros derechos. En aquél momento los Responsables de Recursos Humanos no tendrían entre sus prioridades la de imponer el respeto por la legalidad, en este caso nacida del Acuerdo-Convenio 2012-2015 negociado con ellos tan solo tres meses antes de sufrir los recortes, pues en su cargo se mantuvieron. Que nos enfrentamos a una clara falsedad lo atestiguan sus actuales declaraciones contrarias a la recuperación del Premio por Antigüedad, opiniones que van más allá de la coyuntura económica para representar un intento de vergonzosa revisión de facto del Convenio pactado y firmado en diciembre de 2012.

Que sigan inventando coartadas el tiempo que les queda, pero no van a conseguir que claudiquemos. Igual que el Gobierno dice que no se puede hacer otra cosa que ajustar y ajustar, los Responsables de Personal justifican el inmovilismo del Partido Popular, y su propia incapacidad para el diálogo y la negociación, en la legalidad. La que ellos se fabrican a medida, porque, por ejemplo, no olvidamos que permitieron durante años que sus pares, los Altos Cargos municipales, cobraran de forma indecorosa y al margen de la Ley las Ayudas de Acción Social hasta que CCOO, tras denunciarlo, les ganó la sentencia.