En defensa de las Oficinas de Información al Consumidor
Asamblea de la Inspección de Consumo: contra la privatización de las OMIC
La asamblea de trabajadores y trabajadoras de los servicios de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, reunida en el día de ayer, ha acordado respaldar con su firma las cartas enviadas el pasado 20 de enero por CCOO, UGT y CSIF a los concejales Don Javier Barbero y Don Ignacio Murgui, y a la Gerente de la Ciudad, que en el momento de celebrar la asamblea no habían tenido respuesta.
En ellas solicitan que se paralice inmediatamente el proyecto de privatización parcial de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y la apertura de un proceso de negociación sobre el modelo de atención y defensa de los consumidores. La Asamblea ha mandatado a los sindicatos la convocatoria de movilizaciones para el supuesto de que estas peticiones no encuentran respuesta del Equipo de Gobierno.
La semana pasada tuvimos conocimiento de la intención de implantar en todas las OMIC de distrito (11 este año, el resto en 2017) convenios con asociaciones de consumidores y usuarios mediante los cuales un día a la semana serían sustituidos los funcionarios municipales que atienden las consultas y reclamaciones por abogados de aquellas.
El Ayuntamiento emplea como excusa la de extender un convenio firmado en 2004 para que esas asociaciones faciliten asesoramiento jurídico gratuito a consumidores en la OMIC central (asesoramiento que el Ayuntamiento no presta por exceder sus competencias), y que en la práctica ha derivado en que los técnicos de las asociaciones realizan las mismas funciones de carácter informativo que los funcionarios municipales (en lo que podría ser un caso claro de cesión ilegal de trabajadores) Para obtener un conocimiento más profundo de lo que pudiera representar una vulneración de la Ley, la Asamblea ha mandatado a los sindicatos solicitar información sobre los Convenios suscritos a la fecha, al objeto de verificar si, como nos tememos, se pudieran estar aplicando con un sentido distinto al previsto.
La plantilla de la Inspección de Consumo del Ayuntamiento de Madrid quiere dejar claro que en absoluto están en contra de la existencia de convenios y acuerdos con asociaciones de consumidores y usuarios, pero de igual manera ha quedado patente que no tolerará que eso suponga la externalización del Servicio o la sustitución de empleados públicos por personal ajeno.