Mucho se ha escrito, hablado y, sobre todo, chillado y voceado, sobre los "usos y abusos" de los recursos institucionales de los que disponemos los sindicatos para poder desarrollar nuestra actividad.

Decimos "chillado y voceado" porque quien usa y abusa de estas prácticas en su afán desmedido de acabar con nuestros "privilegios", parece desconocer la existencia del Artículo 7 de la Constitución Española en el que se establece que "los sindicatos contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios" y el Artículo 37 de la misma que "la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios".

Asimismo desconoce quien "chilla y vocea" el papel institucional que juegan los sindicatos en los países de nuestro entorno y los medios que, a cambio de desarrollar su función social, reciben del Estado. Esta cuestión la venimos reivindicando desde CCOO cuando recordamos la necesidad de que se elabore y apruebe en sede parlamentaria una Ley de Participación Institucional que incluya los medios de los que deben disponer los sindicatos para cumplir con su función social, igual que la cumplen, y están regulados los medios que perciben, partidos y otras organizaciones y asociaciones para desarrollar sus funciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, parecen una burla a la razón las campañas lanzadas desde la derecha y la patronal para intentar reducir o incluso eliminar los recursos que hemos venido logrando conquistar en empresas y administraciones públicas para que los sindicalistas, representantes directos de las personas trabajadoras o pertenecientes a las estructuras sindicales, puedan disponer del tiempo necesario para cubrir de la mejor forma posible su función de representación, atención y defensa de los intereses de trabajadores y trabajadoras y, en especial, de su afiliación.

Ante una negociación colectiva cada vez más especializada y profesionalizada, los intereses de empresarios y administraciones son claros: tener delante personas "aficionadas" que sin una mínima formación les den vía libre a sus pretensiones y objetivos. Esta es la clave: detrás de cada conquista de los trabajadores y trabajadoras siempre hay un o una sindicalista que ha hecho posible ese avance o conquista.

Las formas en las que se cuestiona en la práctica ese derecho de representación tienen un orden y un objetivo. Primero se nos recortan derechos laborales, se criminaliza el empleo público como si "trabajar fuera un privilegio", luego se condena el derecho a representar a los trabajadores incluso por "los que representan a la ciudadanía" en sede parlamentaria, se recortan las aportaciones económicas para estrangular la actividad del sindicato o se cuestiona y denuncia su mala utilización, muchas veces sin pruebas y otras manipulándolas… Una vez que se ha culminado con estas formas de denuncia, se va directamente a la reducción de los derechos sindicales o de los recursos que, en forma de liberados institucionales, reciben los sindicatos. Un recorte que, como los demás, se justifica también en pro de una austeridad que empresarios y dirigentes políticos no practican en su trabajo representativo o de gestión. Detrás del falaz argumento de la racionalidad, esta reducción busca, en el fondo, expulsar de los centros de trabajo a los sindicatos, para que entre trabajador y empresario no exista ningún intermediario y así poder "arrinconar" a las personas trabajadoras e ir reduciendo, aún más, los derechos que tanto han costado conquistar.

Una de las estrategias utilizadas para realizar esta reducción ha sido la de cambiar la definición del centro de trabajo para impedir la constitución de secciones sindicales o eliminar la obligación que establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical de ceder recursos horarios a los delegados y delegadas para el ejercicio de sus funciones. Estrategia que, por desgracia, en ocasiones cuenta con la complicidad y aceptación sindical. Pero, por si ello no sirve se utiliza también el descrédito de los sindicatos tradicionales, alegando que sólo responden a los intereses de su afiliación y que abandonan a su suerte a parados, jóvenes, inmigrantes, etc. Lo que se contradice con la realidad tozuda de los hechos y de las conquistas que se van materializando día a día por parte de estos sindicatos de clase. Descrédito que va, casi siempre, unido a la utilización de ayudas para potenciar sindicatos alternativos que destrozan la solidaridad dentro de la clase, poniendo por delante los intereses corporativos, u otros sindicatos que, a pesar de las ayudas, de los años y de los padrinazgos nunca alcanzan la suficiente representatividad para estar en los ámbitos contractuales e institucionales que la ley sólo reconoce para aquellos que tienen una especial representatividad: más del 10% estatal o más del 15% en el ámbito de las comunidades autónomas. Una representatividad que la dan los trabajadores y las trabajadoras en las elecciones sindicales y que, por lo tanto, están suficientemente legitimados, a pesar de los que nos acusan de no representarlos o estar respondiendo solo a "quien nos financia".

Es necesario transparentar, como ha apostado CCOO en su plan estratégico o de optimización de los recursos disponibles, la gestión de nuestros recursos para demostrar que ni son los que se dicen ni se utilizan tan mal como algún medio o institución afirma, pero también es urgente y necesario que la sociedad española reconozca, mediante una Ley de Participación Institucional, la deuda que tiene con los sindicatos.