La Libre Designación, como forma de provisión de puestos de trabajo, encuentra acomodo en nuestra legislación básica y ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Desde este punto de vista nada que alegar, más allá de pensar que existe contradicción entre los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en nuestra Constitución y la práctica de esta forma “dedocrática” de asignar puestos de trabajo. Por mucho que el sistema obligue a realizar la Libre Designación en el marco de una convocatoria pública, en la que sobre el papel no existen más restricciones para participar que los requisitos establecidos en los correspondientes anuncios, nadie se sorprende si afirmamos que en este procedimiento se impone la confianza política frente a los méritos. De no ser así, ¿qué impediría publicar el resultado del “concurso” de Libre Designación con indicación del orden de prelación obtenido por los aspirantes? Los que dirigen la Administración no practican al respecto la transparencia, pues existe el sobre entendido que quien elige con este sistema lo hace a favor de quien previa y discrecionalmente ha decidido otorgar su confianza.

Estamos ante un procedimiento que desprofesionaliza la Administración Pública y que implica un nivel de presión sobre el funcionariado que no beneficia la mejor administración del Servicio Público. Asunto importante en un país con un número insoportable de casos de corrupción que tienen como actores a empresarios, políticos y administraciones. El hecho de que la promoción profesional pueda hacerse depender de la afinidad, del sometimiento acrítico y desprofesionalizado, aleja el método de cualquier planteamiento preventivo respecto de la corrupción. Como pensamos que nadie está vacunado al respecto, resulta imprescindible que acometamos el debate para poner en marcha un nuevo sistema que acabe con la dedocracia y sirva como dique de contención a la corrupción. Además, no podemos olvidar que la Libre Designación en su definición legal viene acompañada de su carácter excepcional. Y que los tribunales a la par que la homologan, establecen la obligación de justificarla separando su atribución incluso de su mecánica asignación a un determinado nivel jerárquico (p.ej., todas las plazas de nivel 29, 30…)

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Situadas así las cosas cabe preguntarse por la situación en nuestro Ayuntamiento. Han sido años de insistente crítica por parte de todos, partidos, asociaciones, sindicatos, sobre el abuso de esta fórmula en manos de los anteriores equipos de gobierno. Pero a la vista de los datos, ¿cabe afirmar que se ha producido una reflexión sobre su uso por parte de nuestros actuales responsables? Las cifras demuestran que no es así.

En 2016 se han producido un total de 328 nombramientos a través de la Libre Designación en nuestro Ayuntamiento (datos a junio de 2016). En 2015 fueron 89. En 2014 alcanzaron la cifra de 127. Es decir, el número de nombramientos por Libre Designación ha experimentado un incremento del 158% respecto de la última legislatura completa del Partido Popular (2014). Parece que, aún con retraso (la cifra en 2015 fue baja), el actual Gobierno municipal ha acabado por tomar carrerilla y emplear la Libre Designación como forma nada excepcional para la cobertura de puestos. Así, el número total cuya forma de provisión es la LD, según indican las RPT, era en 2014 de 2.959, y en 2016 de 2.991.

A los datos anteriores, que nos sitúan de manera incuestionable en la práctica del continuismo respecto a la apuesta por hacer primar la confianza por encima de los méritos, cabe traer también los datos de la pervivencia de otra fórmula que fue introducida por el anterior Alcalde Gallardón como vía para propiciar el desembarco de sus correligionarios en detrimento del reconocimiento de la capacitación técnica de la plantilla municipal: nos referimos a la apertura de plazas a funcionarios de otras administraciones. En este caso, del total de plazas cubiertas por LD en 2016, hasta 81 provienen de otras administraciones, frente a las 27 de 2015 y las 42 de 2014. Es decir, la cifra de puestos de trabajo cubiertos por LD que se han abierto a otras administraciones se ha incrementado el 98% en el periodo 2014-2016. Otra práctica que nuestros actuales gestores tampoco ven nunca necesidad de justificar. Quizás, además, desconozcan que sigue siendo prácticamente imposible para la plantilla municipal trasladarse a otra Administración. Ni siquiera a través de permutas. El resto de administraciones públicas blindan sus puestos de trabajo al tiempo que nuestro Ayuntamiento abre sus puertas de par en par. No parece necesario traer aquí mayores explicaciones sobre el claro ejemplo de discriminación que esta práctica supone.

Ha llegado el momento de interrumpir el camino emprendido, simple continuación del que ya existía y que tan nefastos resultados ha ofrecido en términos de ineficacia, desigualdad y corrupción. Para CCOO es urgente abrir el debate sobre la Libre Designación en nuestro Ayuntamiento. Queremos conocer y debatir sobre el modelo de Función Pública que propone el nuevo Gobierno municipal, a quienes animamos a reflexionar al respecto. Porque a la vista de los datos aquí ofrecidos, el Gobierno que tomó posesión en junio de 2015 puede considerarse “nuevo”, pero sus políticas respecto a la provisión de puestos de trabajo “viejas”.

Os dejamos anexos a este texto diversos gráficos y tablas que permiten una visión algo más pormenorizada del asunto. Esperamos que nuestros responsables políticos también los examinen.

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