Ante los hechos conocidos por los medios, manifestamos nuestro máximo respeto a la investigación llevada a cabo por el grupo de Policía Judicial, de la que esperamos que concluya en un proceso que depure responsabilidades ante unos presuntos hechos que son graves, pero también el mismo respeto a las garantías jurídicas que asisten a toda persona imputada.

También salimos al paso de las declaraciones lamentables y oportunistas del portavoz de la Asociación de Empresarios de Locales de Ocio de la Comunidad de Madrid (Noche-Madrid), Vicente Pizcueta que reproduce europa press:

• "La manera de actuar de la Policía, tanto nacional como local, es el caldo de cultivo de tramas de extorsión” (sic)
• "Con este anuncio hay que poner encima de la mesa un debate: La Policía no es un servicio público que garantice la seguridad de los locales de ocio, y se da una actuación arbitraria y tendenciosa" (sic)
• "Siempre prevalece la labor de inspección, que tiende a criminalizar el ocio nocturno, frente a la protección de los ciudadanos y la seguridad de las empresas" (sic).

La plantilla de Policía Municipal de Madrid, y por supuesto las plantillas de Servicios Generales que gestionan expedientes sancionadores, hacen una labor inspectora y de trámite fundamental, y de excepcional calidad, reconocida por su profesionalidad y rigor propio de funcionarios/as con formación y aptitudes que hacen posible que la ciudadanía disfrute con garantías tanto de un ocio de calidad, como del derecho al descanso, frente a los excesos de ciertos locales, muy localizados (son una minoría también en relación con los miles de establecimientos de espectáculos públicos y ocio), en materias tan importantes como: seguridad, aforo, horarios, contaminación acústica, situación administrativa y seguros, o presencia de menores, higiene, consumo y tráfico de drogas entre tantos otros aspectos.

Requerimos también al concejal Pedro Calvo y a Alberto Ruiz Gallardón, que afronten el debate público, no utilizando este caso aislado con el mismo discurso ambiguo de la operación “Guateque”, que sirvió para justificar las privatizaciones de la gestión de licencias, y la entrada del ánimo de lucro en la tramitación administrativa con las empresas Entidades Colaboradoras de Licencias Urbanisticas.