CCOO insta a Cospedal a cumplir la Ley y garantizar a las mujeres de la región el derecho al aborto en centros sanitarios públicos

La ruptura del convenio del convenio de la Junta con las clínicas de aborto por el impago de las facturas significa un grave riesgo de desprotección para las mujeres de la región y anula de hecho derechos reconocidos por Ley.


CCOO expresa su profunda preocupación ante la noticia según la cual las clínicas que realizan interrupciones voluntarias de embarazo han roto el convenio con la consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, y reclama al Gobierno regional que, tal y como señala la Ley, sean los centros sanitarios públicos los que asuman este cometido.


“El que las mujeres castellano-manchegas que decidan interrumpir su embarazo legal y voluntariamente tengan que costearse ellas mismas la intervención supone poner en cuestión la efectividad del derecho a decidir y significa un grave riesgo de desprotección para las mujeres de la región”, ha denunciado la secretaria de Mujer de CCOO CLM, Kirsten Lattrich.

Lattrich recuerda que “es obligación de la administración regional garantizar la aplicación de la Ley 2/2010 de Salud Sexual, Derechos Reproductivos e Interrupción Voluntaria del Embarazo y dar las suficientes garantías sanitarias y legales. Dicha Ley recoge que la prestación sólo excepcionalmente debe realizarse en la sanidad privada, lo que, sin embargo, se ha convertido en la generalidad para toda Castilla-La Mancha, donde no se realizan interrupciones voluntarias de embarazo en ningún centro público de salud”.

Tras la ruptura del convenio de las clínicas privadas y la consejería de Sanidad, “entendemos que han de ser los hospitales públicos de la región los que asuman la prestación de este servicio, garantizado por Ley, y que se han de tomar con urgencia las medidas correspondientes para  asegurar el ejercicio efectivo de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción de embarazo”.

Por último, Lattrich reitera “la necesidad de la dotación de centros públicos de referencia en las cinco provincias, que eviten la distorsión territorial y aseguren el efectivo ejercicio del derecho, tanto en el momento de la interrupción como en su seguimiento posterior.”

 

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