A preguntas del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), no ha descartado que el Ayuntamiento ponga en marcha este mismo año otro plan de recortes que afecte a los servicios a la ciudadanía o a la plantilla municipal, o provoque nuevas subidas fiscales como las previstas para 2013.

“Tenemos serias dudas de que puedan cumplir sus previsiones, así que, desde la angustia, le pregunto, ¿puede asegurar que no aplicará más ajustes en 2012?”, ha pregunta Lissavetzky. Botella ha respondido: “Lo fácil sería contestarle que sí, pero sería fácil e irresponsable, lo que dicta el sentido común es decir las cosas como son: haremos todo lo que tengamos que hacer”.

Lissavetzky ha criticado que, desde la aprobación de los presupuestos municipales para 2012 en diciembre, el Gobierno local haya tenido que aprobar un plan económico y un plan de ajuste. “Dos planes en cinco meses, ha batido el récord del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de cuatro planes en ocho años”. La alcaldesa ha avanzado que merced al último de ellos, impuesto por el Gobierno central para cancelar la deuda comercial de autonomías y municipios, los proveedores del Ayuntamiento empezarán a cobrar esta semana las facturas atrasadas, 13.450 recibos por un valor total de 1.003 millones.

Además, la alcaldesa ha “tendido la mano a la oposición”, pues, en su opinión, “sin necesarios los esfuerzos conjuntos para salir de la crisis”. “En ese clima de entendimiento, he solicitado que se celebre el debate sobre el estado de la ciudad el próximo de 8 de junio”, ha añadido. Este debate se celebra todos los años excepto aquellos en los que haya elecciones municipales.

“Es la primera vez que la oigo hablar de dialogo, bienvenido sea, siempre estamos dispuestos”, ha respondido Lissavetzky. “Pero permítame decirle que la realidad es distinta de lo que nos gustaría a todos”, ha añadido.

Según sus cálculos, los últimos reveses para las cuentas municipales (la suspensión de la tasa de vados por decisión judicial, la caída de las infracciones de tráfico, las deudas de la Comunidad y el Estado con el Ayuntamiento, las dificultades para vender suelo), sumados a la frustrada privatización del Canal de Isabel II (con la que la capital confiaba en ingresar 245 millones), ha dejado “flotando 400 millones” previstos de ingresos. “Si no tenemos esos ingresos, la conclusión es fácil: más recortes sociales”.

Fuente: El País