La Comisión Técnica de Igualdad, reunida el 21 de julio, alcanzó un acuerdo sobre protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. Este acuerdo entre la Administración y la práctica totalidad de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de la Administración General del Estado (AGE), se elevará ahora a ésta para su ratificación.

 
Tras más de un año de negociación y no pocas vicisitudes, encuentros y desencuentros, la Comisión Técnica de Igualdad ha alcanzado el acuerdo sobre el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. Aquellas personas que hayan seguido, a través de las notas informativas la evolución de las propuestas realizadas por la Administración serán conscientes del proceso de mejora, permanente y sostenida, que se ha ido produciendo versión a versión del documento tras cada una de las reuniones.

En esta última reunión, CCOO ha seguido reivindicando la necesidad de mejorar algunos de los aspectos recogidos en el documento y ha conseguido que, finalmente, la Administración acepte algunos de ellos. Entre las modificaciones aceptadas destacan:

- Tal y como proponía CCOO, se tasan las posibilidades de los departamentos y organismos de adaptar la aplicación del Protocolo a sus características particulares, limitando, con carácter exclusivo, la adaptación a los cinco apartados que aparecen recogidos en la Disposición Final del documento. Se establece un plazo máximo de tres meses desde la aprobación del presente protocolo para que cada departamento u organismo realice la mencionada adaptación.

- Se determinarán los contenidos del proceso formativo que deben seguir las personas que voluntariamente se presten para ostentar la condición de asesores o asesoras confidenciales y quienes formen parte del comité de asesoramiento. Todas las personas que formen parte de estos órganos deberán contar obligatoriamente con la formación adecuada y establecida

- La elección de los miembros del comité de asesoramiento por la parte social se determinarán en las mesas delegadas de negociación de cada uno de los ámbitos y no en los órganos de representación unitaria.

- Las tareas de difusión, información y discusión sobre el protocolo de actuación en materia de acoso sexual y por razón de sexo serán asumidas por la comisión delegada de igualdad de cada uno de los ámbitos.

- En relación a las denuncias falsas, solamente se considerará tal condición para una denuncia cuando se demuestre la existencia de falsedad en pruebas, datos o testimonios. En estos casos dará lugar a la apertura de expediente disciplinario. Con ello se pretende evitar que una denuncia que finalmente no se interprete como susceptible de ser investigada como acoso sexual o por razón de sexo pueda ser instrumentalizada para exigir la apertura de un expediente disciplinario a la persona denunciante.

- Respecto a la insistencia de CCOO de hacer constar entre las causas de abstención y recusación la dependencia o ascendencia orgánica o funcional, la Administración indica que la referencia que se realiza en el funcionamiento del comité de asesoramiento a las disposiciones de la Ley 30/1992 salvan esta situación ya que en los artículos 28.2.E y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común relativos a la abstención y recusación se establece como causa "Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar".

CCOO considera que, con este acuerdo, no sólo se da cumplimiento sino que se supera sensiblemente el mandato legal establecido en el Artículo 62 de la Ley 3/2007 relativo al Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

Cerrado el acuerdo, la citada ley obliga en su  Disposición Final Sexta a elevar el protocolo a rango de real decreto y establece que su aplicación tendrá lugar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto que lo apruebe.