El Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular desde hace 23 años, gasta alrededor de 10 millones de euros anuales en asesores nombrados a dedo, que reciben un generoso sueldo pagado con dinero público, sin mediar oposición o concurso de méritos, simplemente por elección personal de un político. A falta de aplicar el recorte anunciado el jueves por la alcaldesa, Ana Botella, son 229 personas, en su mayoría (176) designadas por el Partido Popular. Su función es política: refuerzan el trabajo del Gobierno municipal, sobre todo en los distritos; representan al concejal al que sirven en actos con los ciudadanos; y defienden los intereses de su formación. No se trata de un caso único: el resto de Ayuntamientos, así como los Gobierno regionales y el Estado, también tiene asesores elegidos dedo. El resto de empleados públicos recelan de ellos, pues aúnan labores de cargo electo y de funcionario sin ser ni lo uno ni lo otro. Eso no significa que no estén formados adecuadamente, o no hayan demostrado su valía. Trabajan a destajo, están a disposición de sus jefes a cualquier hora, y tampoco se benefician de ninguna de las ventajas (cada vez menos) de ser funcionario. Pero cobran un sueldo público y sólo responden ante aquel que les ha elegido a dedo (hasta el punto de que, en caso de que su jefe cese o sea destituido, ellos pierden el puesto automáticamente y sin derecho a indemnización).

Ejemplo de esta desconfianza es el caso de Ángel Carromero, contra cuya reincorporación se han pronunciado funcionarios municipales. Carromero era asesor de la concejal del distrito de Moncloa, Begoña Larraínzar, cuando fue detenido el pasado 22 de julio en Cuba por su responsabilidad en un accidente de tráfico en el que murieron dos opositores al régimen. Tras ser condenado a cuatro años de prisión en la isla, el Gobierno español acordó su repatriación para cumplir aquí la pena. Regresó el 29 de diciembre, y pasó al tercer grado el 11 de enero, de forma que sólo tendrá que acudir a dormir a un centro de inserción social de lunes a viernes. Lo consiguió, en parte, porque durante todo este tiempo ha conservado su trabajo… en el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno municipal se limitó a reducir a un tercio su salario de 50.474 euros brutos anuales a partir del mes de septiembre. A Carromero, que tiene 27 años y no está licenciado, se le cuestiona porque su principal mérito para recibir ese sueldo público es su vinculación al Partido Popular: es vicesecretario de su organización juvenil, Nuevas Generaciones.

Pero no es un caso aislado: como cargos de confianza, la mayoría de asesores cuyo salario paga el Ayuntamiento son gente del partido. Eso no significa que sean unos ineptos, los hay excelentemente preparados. Pero llama la atención la endogamia, pues, además de los lazos de confianza, abundan los vínculos familiares con cargos relevantes de la formación. Por ejemplo: una hermana de Esperanza Aguirre, Cristina, trabaja como asesora para la concejal de Hortaleza, Almudena Maillo, que a su vez fue asesora de la ex presidente regional madrileña. Por su parte, la concejal de Ciudad Lineal, Elena Sánchez Gallar, tiene como asesora a la esposa de su hijo.

¿Hay demasiados asesores eventuales? Madrid tiene 3,2 millones de habitantes. El Ayuntamiento cuenta con 29.153 trabajadores, de los que el 84% son funcionarios. Su presupuesto asciende a 4.301 millones de euros anuales. Hay 57 concejales y 96 altos cargos. Y los asesores eventuales son 229, aunque el pasado jueves se aprobó reducirlos a 214. Según las cifras oficiales actualizadas el pasado mes de agosto, cuando había prácticamente el mismo número (231), estos puestos costaban 10,3 millones de euros anuales al erario público. Esa cantidad equivale prácticamente a lo que el Ayuntamiento gastará en 2013 en fomentar la creación de nuevas empresas, y supone casi el doble de lo que se dedicará a los museos municipales o a ayudar a buscar empleo a los 254.700 parados de la capital.

¿Cuánto cuestan y qué hacen? El Gobierno municipal contaba antes del último recorte con 107 asesores. En agosto, cuando eran 109, eso suponía un gasto de 5,4 millones de euros al año. Es decir, tenían un sueldo medio de 50.000 euros, el doble que el salario medio en Madrid, aunque en realidad sus emolumentos varían mucho según su trabajo. El área de Comunicación y Protocolo sumaba 30 de estos trabajadores, pues se trata de una labor con mucha carga ideológica. El área de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, que aglutinaba la mitad de gasto corriente, disponía de 11 asesores. Según el Ayuntamiento, se trata en su mayoría de titulados superiores con experiencia laboral previa y, habitualmente, experiencia anterior en los distritos. Botella, por ejemplo, cuando era concejal de Medio Ambiente y Movilidad, tenía cuatro: un doctor en filosofía que le escribía los discursos, un politólogo que ejercía de jefe de gabinete, una licenciada en Ciencias Ambientales y una periodista para la comunicación. Sólo en las áreas de Gobierno, Botella ha pasado de las 150 plazas de asesores que heredó de Alberto Ruiz-Gallardón a 85.

Madrid tiene 21 distritos, al frente de los cuáles hay un concejal. Estos cuentan con 41 asesores; en agosto, cuando eran uno más, suponían un gasto para el Ayuntamiento de 1,9 millones de euros. En cada distrito, hay un consejero técnico (50.500 euros anuales) y un asesor técnico (37.000 euros); los eligen a medias el concejal y el presidente del PP en el distrito (en caso de no ser la misma persona). Antes de las elecciones de mayo de 2011, y de los posteriores recortes de Alberto Ruiz-Gallardón y Botella, había 65 asesores en los distritos,

Además, los grupos municipales cuentan con 81 asesores (ocho menos que en mayo de 2011); en agosto, cuando eran 80, costaban 3 millones de euros al año. El Partido Popular, con 31 escaños, tiene 28 eventuales; el Partido Socialista, con 15 escaños, tiene 33 eventuales; Izquierda Unida, con 6 escaños, tiene 16 eventuales; y Unión Progreso y Democracia, con 5 escaños, tiene 4 eventuales. En los grupos de la oposición, estos asesores realizan, junto a funcionarios, la labor de Gobierno en la sombra. Pero ¿para qué necesita el PP 28 eventuales en un grupo municipal que se reúne una vez al mes, casi nunca hace propuestas y cuyo portavoz forma parte del Gobierno municipal? “Sobre todo hacen trabajo de partido”, señala la formación. En opinión del Ejecutivo municipal, sería preferible no contar con asesores en los grupos, y cambiar ese modelo por una subvención directa a los partidos para que estos sufragaran los sueldos de su personal. Pero eso perjudicaría sobre todo a la oposición, que no cuenta con el enorme equipo de la estructura municipal. Sólo UPyD está a favor de la eliminación de los asesores a dedo. Su líder, David Ortega, tiene a cuatro: un jefe de prensa, un gestor de vídeo y redes, una jefa de prensa y una administrativa. “Viviríamos mejor si tuviéramos los nueve que nos correspondían, pero las cosas están mal y esto, aunque no suponga mucho dinero, es un gesto para los madrileños, que lo están pasando mal y se ahorran ese dinero”, asegura Ortega.

¿Se merecen el puesto? Arantxa es periodista y trabaja asesora en el distrito de Tetuán. Hasta 2010, pertenecía a la agencia de noticias Colpisa. Hizo información parlamentaria durante una década. “No conocía a nadie del PP cuando entré en el distrito”, explica. Ahora se encarga de elaborar notas de prensa, trabaja con los medios de comunicación de barrio, atiende a actos y representa a la concejal cuanto ésta no puede acudir. No está afiliada al partido. Israel es licenciado en Derecho y estudia Historia. Era administrativo antes de entrar como asesor en el grupo municipal del PP. Ahora, entre otras labores, representa al PP en las comisiones de cuatro distritos, y elabora informes y argumentarios. Lleva siete años; tiene 34. Lo eligió el ex número dos de Gallardón, Manuel Cobo. “Me conocía del partido”, explica Israel, que era secretario general de Nuevas Generaciones en Villa de Vallecas. Juan Francisco es consejero técnico en Chamartín. Entró en 2005, con 26 años. Fue presidente de Nuevas Generaciones en ese distrito, y formó parte de la dirección regional y nacional de esa organización. Aparcó los estudios de Matemáticas por la política, pero reconoce: “Soy padre de familia, tengo cuatro niños, y esto es para unos años; estoy aprendiendo muchísimo, pero me interesa una estabilidad que la política no la tiene”. Tiene cuatro hijos. Espera, algún día, ser maestro. Paula es asesora técnica en Chamberí. “Es un trabajo vocacional, no tenemos tiempo libre ni fines de semana, pero es una gran cantera para aprender”. Ha trabajado en un bufete de abogados en Dublín y para Opel en Viena. Habla cuatro idiomas. “Puede que algún día quiera aspirar a ir en las listas, pero no pretendo vivir de esto toda la vida, sé que mi vida profesional seguirá dando tumbos”, explica.

Paula es también Paula Gómez de la Bárcena Ansorena, hija de María Asunción Ansorena, diplomática y directora de Casa de América, ya fallecida. Eso no la ayudó cuando decidió, por vocación, entrar en política, tal vez al contrario, ni tampoco a ganar puntos. Pero hay otros casos en los que el apellido de los asesores sí esconde, como sucede en otras profesiones, motivos sobre su proyección más allá de los méritos personales. Gabriela González de Castejón, asesora en el distrito de Retiro, es hija de Beatriz Rodríguez-Salmones, portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados. Maria Prado Bodas González, asesora en el distrito de Moncloa, está casada con Jesús Moreno, concejal de Usera. En el grupo municipal del PP, trabajan como asesores John Medcalf, que es hijo de Elvira Rodríguez, ex presidenta de la Asamblea regional madrileña; Adela Ruiz García, exmujer de Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas; Francisco Jiménez Becerril, que es hijo del concejal del PP en Málaga asesinado por ETA; Begoña Lucas López, que es hija de Juan José Lucas, vicepresidente del Senado ahora, antes ministro o presidente castellano-leonés; y Alejandra Serrano, que es hija del exconcejal de Barajas y ahora diputado Tomás Serrano. Pero no sólo hay lazos familiares: del grupo municipal forman parte también Juan Carlos Jiménez, ex jefe de Protocolo de Gallardón; Esther Obelart, ex jefa de Gabinete de Cobo; y Pablo Murillo, ex diputado regional madrileño entre 1999 y 2011.

Fuente: El País