El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) contempla sanciones de hasta 1.000.000 de euros para amordazar el campus e impedir manifestaciones y protestas.

La presidenta regional no soporta, al igual que el presidente de los EE.UU., las protestas, reivindicaciones y denuncias que la comunidad universitaria realiza, por ejemplo contra el genocidio en Gaza o contra la asfixia económica del gobierno regional a las universidades públicas.

La Ley pretende esconder, bajo el paraguas de la libertad de expresión, multas que podrían llegar hasta el millón de euros para sancionar protestas contra actos fascistas en el campus universitario o contra la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

Realizar una manifestación o una protesta no autorizada podrá sancionarse con 100.000 euros y colocar una pancarta o un cartel no autorizado será sancionado 15.000 euros.

CCOO de Madrid exige la retirada de esta norma y el inicio de un proceso de negociación y diálogo con los partidos políticos, sindicatos y resto de sociedad organizada para la elaboración de una Ley que garantice el funcionamiento autónomo y con recursos suficientes de las universidades públicas madrileñas.

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