Como un número importante de analistas están denunciando, el Gobierno pretende criminalizar la protesta social y endurecer, a través de la nueva Ley de Seguridad, las condiciones para el uso y disfrute de los derechos constitucionales cuyo empleo constituye una herramienta democrática para defendernos de las agresiones y empujar en pro de soluciones justas a la salida de la crisis que se nos está imponiendo.

Pero esta situación no es nueva. Los empleados y empleadas municipales que participan en la protesta lo saben, pues son varios los casos en que miembros de Policía Nacional, contrariamente a nuestro ordenamiento jurídico, han intentado dificultar nuestro derecho de expresión y manifestación, llegando incluso a denunciar a compañeros y compañeras por motivos injustificados. Este es el caso de nuestra delegada Kika, quien fue denunciada por pretender que el Policía Nacional que la empujó se identificara, mientras ejercía libremente su derecho de manifestación en Cibeles.

(Foto: Compañeras y compañeros de Barquillo, 17)

El pasado 17 de enero, en el juicio celebrado, la fiscalía pidió la libre absolución de nuestra compañera.

Por otro lado, parece que los bomberos del Ayuntamiento pudieran sufrir las consecuencias del endurecimiento de las políticas de seguridad, a la vista de la reacción de su máximo responsable policial y de la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, en torno a la detención del bombero Santiago. Las declaraciones en el sentido de sentirse orgullosos de la detención en “acto de servicio”, de “olvidar” la irregular entrada de la policía en la “zona caliente” del incendio que la dotación de bomberos estaba extinguiendo, de filtrar supuestas fichas policiales en contra de los derechos constitucionales…, no hacen sino mostrar un hilo conductor en las actuaciones del Ministerio del Interior que parece empeñado en adoptar una vía insensata, irracional y antidemocrática. En el caso de Santiago, además, es absolutamente inexplicable que la policía provocara que su puesta en libertad se produjera 24 largas horas después de la detención.

En CCOO creemos que, incluso al margen del existente conflicto social, lo que la ciudadanía honrada espera de los máximos responsables de garantizar nuestra libertad y seguridad es un trabajo que nos permita tener una policía auténticamente democrática, en la que no tengan cabida ni los maltratos, ni las actuaciones desmedidas, ni los abusos de autoridad.