ANTONIO BAYLOS

El autor sostiene que la privatización de los servicios públicos se ha revelado como cara e ineficiente. Admite admite que su vuelta a manos de la Administración es complicada, pero también es posible

La política de externalización y privatización de los servicios públicos ha constituido la seña de identidad de los gobiernos conservadores (PP y CiU) en los municipios. Todo su argumentario para justificar esa política se ha demostrado falso: cuesta más y resulta más ineficiente. Ha sido además caldo de cultivo para numerosos episodios de corrupción.

Las coaliciones electorales progresistas que han llegado en marzo al gobierno municipal de importantes ciudades se plantean ahora remunicipalizar algunos de los servicios del Ayuntamiento, pero se encuentran en la disyuntiva de pagar indemnizaciones multimillonarias (según el art. 288 de la Ley de Contratos del Sector Público) o esperar a que caduquen las concesiones contratadas; además, la reversión plantea serios problemas en relación con la estabilidad de las plantillas de trabajadores.
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